Marchas, cubileteos y votos: la caída de Zoraida Ávalos

Al cierre de edición, una efusiva pero algo espaciada marcha de indignados se daba cita en la plaza San Martín. Una provocación, considerando que el alcalde de Lima anda cuidando el ya golpeado centro histórico ante la anunciada tercera Toma de Lima. La indignación no conoce de patrimonios. La convocatoria incluyó a Ágora Popular, a los polemistas del Jr. Quilca y a los resabios del etnocacerismo del ex Salón Cailloma, entre otros caseritos con bandera tahuantinsuyana. Un par de megáfonos, algunas banderolas blanquinegras y paneles de “Dina Asesina”. Es decir, un sábado por la tarde más.

No sorprende la cacofonía de mensajes. ¿Era una marcha contra Dina Boluarte, a favor de Pedro Castillo, en defensa de la ex Fiscal de la Nación o en contra del Congreso? Quizás todo a la vez. El flyer extra oficial hablaba de una marcha “contra la dictadura congresal y el gobierno títere”. Otras frases iban en la misma línea: “dictadura cívico-militar”, “esta democracia ya no es democracia”, “gobierno genocida” o “dictadura parlamentaria” (esta última creación heroica del Colectivo Rafael Roncagliolo).

La comunión de causas se explica por una construcción cultural que lleva meses de forja: la narrativa de que el Congreso ha concentrado demasiado poder. Una verdad a medias, a juzgar por el recorte fáctico de facultades que había sufrido el Congreso. Visto a la distancia, que hayan elegido al Defensor del Pueblo y al TC es parte de la normalidad perdida en el vizcarrismo. Una normalidad hoy percibida como concentración de poder.

Las cifras de la votación de la tarde del miércoles 21 de junio son elocuentes. Para la inhabilitación de la función pública por cinco años por haber suspendido en enero del 2022 las investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo hubo 71 votos a favor, 15 votos en contra y 8 abstenciones. Para aprobar la acusación constitucional por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales hubo también 71 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones.

Los votos a favor fueron emitidos por congresistas de todas las vertientes, tanto de las bancadas de izquierda como de las de derecha. Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso y Somos Perú votaron en bloque. A pesar de ello, trascendió que esta aparente solidez en la votación se galvanizó recién en los últimos días. La propia Patricia Chirinos, quien presentó la denuncia constitucional allá por diciembre del 2021, expresó más de una vez su incomodidad porque el tema no se ponía en la agenda parlamentaria. “Al principio, cuando puse la denuncia sola, nadie me hizo caso”, recordó la congresista. Finalmente, cuando el caso debió votarse el pasado 26 de mayo, el presidente del Congreso decidió intempestivamente posponer la sesión, excusándose en un tema médico del ponente del caso contra Ávalos, el parlamentario fujimorista Ernesto Bustamante, quien en su informe recomendaba inhabilitarla. Trascendió que aquella vez aún no tenían los votos. Y ese statu quo se mantuvo así por gran parte del mes de junio.

Por tratarse de una acusación constitucional, los miembros de la Comisión Permanente no participaron en a votación. Eso dejó fuera del cubileteo de los votos a parlamentarios como Susel Paredes Piqué, quien se quejó vivamente en su cuenta de Twitter. Llamó la atención que justamente la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú fue la única en donde nadie votó a favor. Cinco votos en contra y dos abstenciones fue el resultado del voto por la inhabilitación. Se ve la muñeca de Guillermo Bermejo, hábil cuadro político que ha ganado fuerza propia más allá del golpeado Vladimir Cerrón y los líos internos de otras figuras de la izquierda como el congresista Edgar Tello. Y a diferencia de él, Bermejo no duda en pactar con los llamados ‘caviares’, haciendo realidad el meme que lo equipara a su compañera de bancada, Susel Paredes.

“Acá se encuentra la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien, amparada en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, archivó dos denuncias constitucionales contra el presidente Alan García, una de ellas relacionada con el tema Petroaudios”, dijo Zoraida Ávalos, como creyendo eso de que la mejor defensa es el ataque contra una de sus pares, quien ahora cumplía su rol de congresista. En respuesta, Echaíz explicó: “Se archivó porque el Congreso de la República investigaba estos hechos. Era el Congreso quien tenía la competencia”.

Pero más allá de los dardos políticos, la comparación fue tirada de los pelos. Los casos de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y el proyecto Puente Tarata evolucionaron de forma exponencial, a una velocidad nunca antes vista en la historia contemporánea. Lo mismo podría decirse de casos como el de Jr. Sarratea, que gracias al seguimiento periodístico tuvo ribetes de flagrancia en video. Para comprender el trabajo o la ausencia de laboriosidad de la inhabilitada ex Fiscal de la Nación bastaría comparar con lo que sucedió inmediatamente después. Habría que analizar el trabajo de Zoraida Ávalos en el espejo del de Patricia Benavides. 51 carpetas fiscales. 47 pendientes, 3 en trámite y 1 denuncia constitucional que aglomeraba tres investigaciones: Puente Tarata, Municipio de Anguía y Petroperú. Algo que no se vio en los gobiernos de García, Humala ni PPK (la dictadura de Fujimori es un caso aparte). En el caso Pedro Castillo confluyeron varios fenómenos de interés. La inmediatez de los hechos consumados, la difusión tecnológica en tiempo real de denuncias periodisticas plenamente documentadas, la celeridad de la actual Fiscal de la Nación y, evidentemente, la burda ineficiencia para el robo del presidente y su banda. Bien visto a la distancia, e intentando dejar atrás las pasiones políticas, la inhabilitación de Zoraida Ávalos es un mensaje para los Fiscales de la Nación que vendrán. La rapidez de los tiempos que corren harán cada vez más común las investigaciones a presidentes en ejercicio. Como para que la próxima Fiscal de la Nación piense dos veces antes de ampararse en el artículo 117 de la Constitución.