Marianella Ledesma: “La Constitución dice que el presidente sí puede ser investigado” [VIDEO]

Me ratifico, me reafirmo en esa tesis. Invito a que lean la Constitución. En ninguna parte de las atribuciones del Ministerio Público, existe la excepción de que no lo haga con el presidente de la República. No existe esa restricción. El artículo 117 de la Constitución sí protege a la figura presidencial para que no sea acusado. Es completamente diferente a ser investigado. En ninguna parte de la Constitución se señala que el presidente no puede ser investigado. Las investigaciones deben ser orientadas a una efectividad. Sino sería un poco cándido pensar que luego de que termine el mandato del presidente de la República se inicie la investigación cuando posiblemente los testigos y grabaciones ya no estén porque se diluyeron por razones del tiempo o la voluntad humana.

El Ministerio Público tiene el deber de tutelar esas evidencias. Solo cuando advierta que hay la comisión de un delito y una responsabilidad penal, allí recién se aplica el 117 que habla de no acusar al presidente de la República.

¿Se da cuenta de la incoherencia? La investigación es una sola. En teoría procesal se habla de la unidad del proceso. En la comisión del delito concurren varios sujetos, pero ¿uno de ellos tiene un blindaje excepcional? Pregunto ¿si esa persona es vital para construir el caso? Definitivamente es incoherente partir una investigación; es decir, yo a ti te investigo en cinco años y al resto de ciudadanos los investigamos en este momento. El hecho, el delito, se tiene que investigar de manera conjunta. Otra cosa es fijarle responsabilidad penal en un juicio oral.

Esta lectura nos genera tener expresidentes de la República con evidencias de una comisión del delito, pero todos tenemos que callarnos para recién empezar las investigaciones en cinco años. Eso es incoherente y fuera del sentido común. Inician una investigación para la platea, pero en la realidad está suspendida, y luego después de cinco años vamos a retomar. Esas investigaciones serán débiles y estamos construyendo una impunidad.

Esa es la comisión del delito de un ciudadano común y corriente que no era presidente de la República. Yo me refiero a la labor de presidente, cómo ejerzo el cargo y cómo empiezo a formar parte de una actividad delictiva y que de cierta manera estoy blindado.

Disiento de las palabras del profesor Aníbal Torres. Yo creo en un Estado con libertades, con igualdad de oportunidades y sobre todo en un Estado constitucional donde se vele por el equilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional fue creado para ser el gran controlador del ejercicio de poderes. Es el diseño de un Estado constitucional. Lamentablemente, algunos profesionales están acostumbrados a mirar al Estado, no desde el lado constitucional sino desde la ley. Habrá criterios que no nos agradan del TC, pero en la medida que esos criterios estén justificados en una base constitucional serán legítimos.

Un juez, cuando toma una decisión, esta no puede ser arbitraria, tiene que explicar y motivar qué argumentos utiliza para sostener esa posición. Entonces, la gran fortaleza de un juez son los argumentos constitucionales que utiliza para sustentar su posición. Pero si yo emito una decisión basada en votos, pero cero argumentos, sencillamente estoy construyendo una resolución en apariencia.

El momento constituyente es permanente porque la Constitución es un diseño que nos permite autogobernarnos, autoorganizarnos, cómo se ejerce el poder. Si yo advierto que hay un desequilibrio, hay formas de cómo recomponerlo. La Constitución no es una tarea acabada, es una tarea inacabada. Ahora veamos cómo mejoramos esa situación. Hay muchos puntos –que en la Constitución– tendrían que ajustarse desde el ámbito político y de la justicia constitucional, hay enormes vacíos. Pero de allí a pasar a una discusión mayor de una asamblea constituyente en el escenario actual donde hay situaciones más lacerantes, hay temas más importantes que trabajar, como la economía, la educación, la salud, temas laborales, y una serie de supuestos que un gobernante tiene que poner en una balanza y ver cuáles pasan a un segundo momento.

Debo asumir por pueblo a todos los ciudadanos que habitamos en este territorio y nos movemos bajo una organización llamada Estado. Pero creo que el gobierno no está orientándose bajo este concepto. Su indicador para medir que el pueblo se está pronunciando y que ese es su sentimiento es muy débil y ni siquiera aparece visibilizado. Hay indicadores que deberían ser presentados para hablar de una apreciación objetiva. Pero si solamente me dejo llevar por el tema de la inspiración y decir que el público que llevo para que me aclame es el pueblo, sencillamente es una posición bastante débil que no tiene un sustento. Yo le recomendaría (al gobierno) que busquen a los estadísticos de las universidades –que son buenos– para que puedan ilustrarlos y construir esos indicadores empíricos para que puedan sacar la tesis de que el pueblo les está pidiendo lo que están sosteniendo.

La actividad de la Sunedu ha contribuido mucho a mejorar el servicio educativo. El Tribunal Constitucional impulsó la generación de la Sunedu. Estamos hablando de un diseño constitucional validado por el pleno del TC. La educación universitaria no es solo un derecho, sino también un servicio público que le interesa a toda la colectividad. La Sunedu se crea como un tercero para que controle, valide y verifique cómo se presta ese servicio público. Si los que van a controlar este servicio son las personas involucradas directa o indirectamente con las instituciones controladas, estamos regresando al pasado. Esto nos debe interesar a toda la ciudadanía por tres razones.

Los ciudadanos vamos a ser los receptores de esa educación universitaria porque vamos a ser tocados por los médicos, ingenieros, abogados que son formados en ese modelo. Por eso debemos tener voz para cuestionar cómo se está brindando el servicio. Otro punto es que la actividad universitaria radica en la investigación. No pueden existir universidades que no hayan contribuido a la investigación en el país. ¿Qué aporte tecnológico han brindado esas universidades no licenciadas? Un tercer punto es que el tema educativo es una expectativa de vida. Personas de escasos recursos anhelan tener ese grado de formación universitaria. Estudiantes que vienen de sectores más pobres del país deben tener acceso a universidades top con laboratorios, profesores, pero les ofrecen (las universidades no licenciadas) una educación universitaria que luego se va a estrellar en el mercado. Se está jugando con las expectativas de jóvenes que tienen el anhelo de dar el salto social a una mejora económica que no necesariamente se da con una educación sin control de calidad.

Hay algunos candidatos que, se puede decir, son proclives a cierto grupo político. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se es. El magistrado no debe ser el vocero de un grupo político porque lo más grandioso que tiene es su imparcialidad. Además, debe conocer de derecho y si es constitucional, a buena hora. Un tercer elemento es el equilibrio mental y emocional que debe tener. A nosotros nos entregan un gran poder y hay que saber ejercer de manera equilibrada este poder. Y, por último, uno debe tener una mirada gerencial de la vida. Saber cómo administrar los recursos de la institución que en algún momento pueden dirigir.