Se muere de miedo. La prisión parece ser un lugar que lo asusta mucho. Martín Vizcarra no quiere terminar en la cárcel. El expresidente siente los pasos de la justicia y busca poner trabas a uno de los procesos por corrupción que debe enfrentar.
El exmandatario acaba de solicitar que se declare la nulidad de la resolución emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que dispone la instalación del juicio oral en su contra por el delito de cohecho pasivo propio (pago de coimas) en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, programado para este lunes 28. Es una leguleyada que evidencia el temor de Vizcarra por un proceso que podría llevarlo a tener el mismo final que el del recientemente sentenciado Alejandro Toledo.
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El vacado expresidente argumenta, en el escrito enviado por su abogado al titular de esa sala penal, que la programación de esta diligencia debe hacerse una vez culminado el proceso de control de acusación por el delito de colusión, por lo que la resolución para el inicio de juicio oral por cohecho pasivo propio, emitida el pasado 4 de julio, vulnera el principio de non bis in ídem, por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos.
Amparado en ese principio, la defensa legal del exmandatario alega que, en un mismo proceso penal, el mismo hecho respecto a una misma persona no puede ser materia de enjuiciamiento y de control de acusación al mismo tiempo. Una leguleyada.
Vizcarra es acusado de haber recibido pagos ilícitos, en forma de coimas, cuando era gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión en su contra.
En marzo de 2021, el exmandatario fue señalado por su exministro de Agricultura José Manuel Hernández, colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, de haberlo utilizado para ser el intermediario de los sobornos por 1.3 millones de soles que recibió de parte de la empresa ICCGSA para favorecerse con la elaboración del expediente técnico y las obras de ampliación del Hospital de Moquegua. Hernández dio esta declaración ante el fiscal responsable de este caso, Germán Juárez.
MANIOBRA DILATORIA
El abogado penalista Fernando Silva calificó de maniobra dilatoria esta argucia judicial de Vizcarra y señaló que es evidente que buscar evitar la instalación del juicio oral.
“Independientemente de si los argumentos son viables o no, él está tratando de detener la instalación de un juicio a partir de un procedimiento que ya conocía. Lo que correspondería es que, si es que el argumento que sostiene es real, esto se aplique, no en el inicio del juicio, sino el momento del control del juicio. Y, si tiene la razon, no se instalará, se suspenderá, se archivará, se verificará el delito de colusión, pero el juicio continuará. No encuentro un sustento procesal correcto”, explicó el letrado en entrevista a Perú21TV.
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