Ministros se convierten en abogados de Dina Boluarte

Mateo Castañeda fue abogado de la mandataria hasta que fue arrestado, pero ha renunciado a su defensa arguyendo que se trata de una investigación “encubierta” para perjudicar a su patrocinada. Pero el hecho no le hará mella a la jefa de Estado, pues hay en espera una retahíla de ministros de Estado fungiendo de “abogados de oficio”, que distraen gran parte del tiempo que deberían utilizar en gestionar, en salir a todos los medios de comunicación para ejercer la defensa de su jefa.

Uno de esos es el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien recientemente defendió a Boluarte por condecorar el 1 de mayo al juez Gino Yangali de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. El magistrado será el encargado de revisar el recurso presentado por la Procuraduría del Reniec contra dos sentencias que obligan al antiguo centro laboral de la presidenta a pagarle S/239 mil por beneficios laborales desde 2007. “Todos actuaron de buena fe, la presidenta no interviene en la postulación ni en la decisión de a quiénes se condecora”, indicó Maurate.

Por ahí anda también la titular de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, quien, tras la detención del hermano de la presidenta aseguró que se vive en una “dictadura de la suspicacia”. “Basta una especulación, un habría para que se abran carpetas fiscales”, sostuvo con indignación, una que no demuestra cuando se habla de la contratación por parte de su asesor de unas 10 personas que no cumplirían el perfil en su sector.

En esta competencia por sacarle lustre a la sobonería y marcar puntos ante la presidenta figura también Leslie Urteaga, de Cultura, quien distorsionando el fondo de las críticas a la mandataria pretendió en algún momento atribuirlas a una cuestión de género. “Desde que ella ha asumido no está tranquila o no está tranquilo el Gobierno porque siempre hay algo que va saliendo. Entonces, me pregunto: ¿Es porque es mujer? No recuerdo que en otras gestiones se haya visto los relojes de otros presidentes”, dijo en marzo. Siguiendo su ejemplo hizo lo mismo la ahora extitular de Desarrollo Agrario Jennifer Contreras. “A mí me apena que, por ser mujer, se le esté atacando. En anteriores gobiernos no se preguntaban por el terno, el reloj, y no eran tan incisivos”, dijo entonces, pero ni eso le aseguró el puesto.

Otro más en la lista es César Vásquez, de Salud, quien desconociendo la independencia de poderes, y sin conocimiento jurídico del tema, ha acusado al Ministerio Público de tener un “afán enfermizo de acosar a este gobierno”, que ahora es el suyo también. “Creo sinceramente que la Fiscalía está infestada por una influencia caviar”, aseguró.

No menos afanosa se ha mostrado la ministra de la Mujer, Ángela Hernández Cajo, quien apostó por victimizar a Boluarte respecto de las mociones de vacancia presentadas en su contra. En su opinión, estas medidas en el Congreso son “una forma de acoso que no le permite tampoco (a la presidenta) trabajar de manera contundente”.

Y aunque la lista es larga —en ella figuran Eduardo Arana, Gustavo Adrianzén, Julio Demartini, Morgan Quero, entre muchos otros—no se puede dejar de citar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien lleva menos de una semana en el cargo, pero ya parece haberse alineado a su papel de abogado de oficio de doña Dina, justificando su renuencia a hablar con la prensa. “La señora presidenta está dedicada en este momento a liderar las políticas del país”, dijo, y agregó que para informar a los medios ya hay un vocero oficial “y esencialmente también los ministros”. Aunque estos, como vemos, dediquen más su tiempo a abogar por la jefa de Estado ante la carencia de esta a presentar argumentos consistentes de descargo.

Cuarenta y siete días tiene la presidenta Dina Boluarte sin responder a las interrogantes de los periodistas.

La última vez que lo hizo fue el 5 de abril, cuando reconoció que mintió al señalar que el reloj Rolex que usó en actividad pública era un objeto “de antaño” y no un préstamo de Wilfredo Oscorima.