En una de sus reiteradas jugadas en pared, tantas veces improductivas, el Congreso y el Ejecutivo están a punto de dar el toque final a un peligroso proyecto de ley que cambia la redistribución interna del Impuesto General a las Ventas (IGV), que tiene una tasa global de 18% (16% para el gobierno central y 2% para las municipalidades).
La dupla más resistida de la afición nacional ha decidido duplicar de 2% a 4% la asignación de este impuesto al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que subvenciona a los gobiernos locales, y reducir a 14% lo que recibirá el gobierno. El proyecto fortalecerá las finanzas de los municipios pero debilitará las cuentas del Tesoro Público.
El economista y autor del best seller El otro sendero renunció al partido animalista de centroderecha —reconocido por su logo del perrito— tras no llegar a un acuerdo con el titular de la agrupación, con la que se perfilaba como candidato presidencial. Así lo confirmó a Perú21 a través de un comunicado.
Pero el Gobierno le dará más plata a entidades que no han sabido qué hacer con ella. Y es que municipios de 11 regiones, entre ellas tres de las más pobres del país, ejecutaron menos del 60% en proyectos de inversión el año pasado, según el portal de Transparencia Económica.
Un lamentable avance de obras que muestra cómo responden las comunas ante las necesidades de la población. El Gobierno destinará más presupuesto a las comunas, pese a que gran parte de este dinero se va en planillas. En solo un año, de 2023 a 2024, el gasto en remuneraciones de los municipios creció 74%, según explicó el exministro de Economía Luis Carranza en su última columna en Perú21.
HABLAN LOS NÚMEROS
La región con menor porcentaje de ejecución de sus comunas es la de Lambayeque (46.2%), cuyo gobernador, Jorge Pérez Flores, pertenece a Somos Perú, la gran ganadora en las últimas elecciones regionales y municipales.
La agrupación política se hizo de cerca de 200 alcaldías provinciales y distritales, así como de siete gobiernos regionales en el país, y cuenta con representatividad en el Congreso.
Precisamente de Somos Perú, es también Carlos Rodríguez Ordóñez, alcalde distrital de Cayaltí —una de las jurisdicciones del país con alto índice de pobreza—, cuya gestión ejecutó el año pasado un vergonzoso 4.8% en proyectos de inversión.
De esta agrupación, que tiene una bancada de siete legisladores, son también los gobernadores de Cajamarca y Pasco, dos regiones pobres incluidas en esta lista (ver recuadro).
Cayaltí pertenece a la provincia de Chiclayo, y su alcaldesa, es Janet Cubas, de Juntos por el Perú (JP), del congresista Roberto Sánchez, quien hasta hace poco intentaba lo imposible con tal de que su partido postulara a la presidencia a Antauro Humala. Cubas apenas ejecutó, en 2024, el 41.4% en proyectos.
Municipios de regiones como Ayacucho (56.5%) y La Libertad (52.2%), que tienen como gobernadores a aliados del Ejecutivo como Wilfredo Oscorima y César Acuña, también presentan baja ejecución de sus recursos.
APP, el partido del socio político de Dina Boluarte, y cuya bancada sostiene con sus votos a este Gobierno, tiene 17 alcaldes provinciales y 167 distritales.
MANIOBRA POLÍTICA
Visto esto y a la luz de los números vale preguntar ¿para qué entonces los partidos en el Congreso les duplican el presupuesto a los municipios? ¿Es una maniobra política? Para el analista político José Carlos Requena todo parece indicar que sí.
“Habiendo sido un proyecto que recibió cero oposición, aprobado por 98 congresistas, sin votos en contra y cero abstenciones, sí, parece una maniobra política. Para mí esta votación del Parlamento no tiene ningún sentido técnico. De hecho, la única opinión favorable del proyecto viene de la Asociación de Municipalidades del Perú. Es evidentemente que la ley tiene fines populistas, efectistas. No tiene ningún sustento técnico y creo que pone en riesgo la salud macroeconómica del país”, señaló Requena a Perú21.
Para Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) y miembro del Directorio del Banco Central de Reserva, la ley que pronto promulgará el Ejecutivo es “especialmente peligrosa” y “compromete los recursos del fisco a largo plazo”.
“Es difícil argumentar también que es fiscalmente neutra. Aun si cerrásemos todo lo que se transfiere a los municipios para inversión, no llegaríamos a compensar. Y sabemos que de todos modos eso no va a suceder. La pregunta entonces es qué vamos a dejar de financiar para compensar esa transferencia que, cuando se implemente completa, será de cerca de S/8,000 millones por año o más. ¿O vamos a endeudarnos más? Y la otra pregunta es, ¿qué estamos comprando con esos S/8,000 millones? ¿Realmente estamos cerrando brechas?”, cuestionó así el proyecto el economista en declaraciones a este diario.
El extitular del MEF Waldo Mendoza cuestionó la norma, debido a que generaría pérdidas para el gobierno central de unos S/10,000 millones por año.
Para Mendoza, “no es desatinado” pensar que este proyecto apunta a ganar popularidad con los alcaldes e indicó que generaría inestabilidad fiscal. El ministro Raúl Pérez-Reyes, sin embargo, respaldó la iniciativa, asegurando que no tendrá ningún impacto fiscal.
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