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Nelson Shack sobre observación de ley que expande el control concurrente: La lucha contra la corrupción no debe quedar en discursos

El contralor Nelson Shack lamentó este miércoles que el Poder Ejecutivo haya observado la ley que establecía medidas para la expansión del control concurrente y consideró que la lucha contra la corrupción “no debe quedar en discursos”.

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El contralor Nelson Shack lamentó que el Poder Ejecutivo haya observado la ley que establecía medidas para la expansión del control concurrente y consideró que la lucha contra la corrupción “no debe quedar en discursos”.
A través de las redes sociales, reiteró que el control concurrente brinda “confianza a los funcionarios para ejecutar” obras en las condiciones establecidas.
“La lucha contra la corrupción no debe quedar en discursos. Cada día que pasa hay más obras paralizadas y eso significa menores servicios a los ciudadanos. El control concurrente brinda confianza a los funcionarios para ejecutar obras en las condiciones y tiempos establecidos”, señaló en Twitter.

El último martes, el Poder Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso de la República que establece medidas para la expansión del control concurrente y dota a la Contraloría General de la República de un financiamiento de hasta el 2% del valor total de una obra que excede los diez millones de soles, desde su formulación y evaluación.
En un oficio enviado por el presidente Francisco Sagasti y la primera ministra Violeta Bermúdez, se señala que la norma afecta la autonomía de los gobiernos regionales y locales, otorgada por la Constitución.
El contralor, en ese sentido, exhortó al gobierno y Parlamento entrantes a que impulsen la aprobación de esta ley.
“Lamentamos la observación de la ley que expande el control concurrente a nivel nacional y que no se haya comprendido la urgencia de extender sus beneficios a todas las regiones. Hacemos votos para que el gobierno y Parlamento entrantes puedan impulsar su aprobación”, agregó.
Posteriormente, en un comunicado, la Contraloría detalló que en los gobiernos regionales y locales se concentran el 86% de obras paralizadas, por lo que esta ley permitía contar con una “adecuada gestión de los recursos públicos”.
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