El de ayer era un día que Pedro Castillo hubiera querido que nunca llegue. Tal vez por ello hizo todo lo posible por dilatar el inicio del juicio oral en su contra, un proceso que podría terminar prolongando su encierro en el penal Barbadillo. Su ánimo de obstruir la instalación del juicio oral fue evidente desde antes incluso de aparecer en el complejo policial de la Dinoes con un documento publicado en su red social -y que un día antes había presentado a la sala que lo juzga- en el que anunciaba que se declaraba en insurgencia y que no guardaría obediencia al sistema de justicia.
Según la Fiscalía, Mucho estaba "impedido por ley, toda vez que, horas previas a juramentar, se desempeñaba como gerente general y tenía la titularidad de 63% de las acciones de la persona jurídica Pevoex Contratistas S.A.C., cuya actividad empresarial se desarrolla en el sector minero".
El show de quien quebró el orden democrático en el país con el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022 se prolongó por largos minutos. El profesor de Chota anunció que no tenía abogado para enfrentar la audiencia y que había subrogado a sus cuatro defensas legales, incluido su exministro Iber Maraví, quien debía representarlo la mañana del martes.
El Tribunal decidió asignarle un abogado de la defensa pública, Castillo respondió que no deseaba contar con una defensa legal en este proceso, considerando que no le será útil. “A mi abogado no lo puedo exponer a un juicio que es una pantomima”, acusó.
Luego, intentó victimizarse, pidió que se lea la carta presentada en la víspera y tras recordársele que no está permitido leer escritos, arremetió contra la jueza Norma Carbajal: “No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez que no puedo someterme a un juicio oral donde todo parece estar confinado”, reclamó el golpista que reiteró que no aceptaba un abogado público.
Pero el berrinche de Castillo terminó de manera abrupta cuando el juez José Neyra lo increpó por sus constantes interrupciones, lo acusó de politizar el juicio y le recalcó que “ningún imputado en el Perú puede hacer lo que desee”.
Tras ponerlo en su lugar y ya sentado a la derecha del abogado de oficio que no aceptaba, un resignado Castillo hubo de escuchar instantes después aquello que no quería escuchar: que el juicio oral contra él, su exasesor Aníbal Torres, su expremier Betssy Chávez y su exministro Willy Huerta, y otros tres implicados más por el golpe de estado del 7 de diciembre de 2022, quedaba instalado.
ALEGATO FISCAL
Lo que vino después fue la confirmación de la Fiscalía sobre la responsabilidad de Castillo y sus exministros en el golpe de diciembre de 2022. Para la representante del Ministerio Público, el expresidente quebró el orden democrático y planificó y ejecutó el golpe de Estado en complicidad con Torres y Chávez.
La fiscal suprema Galinka Meza sindicó al entonces asesor de la PCM de haber redactado el mensaje golpista leído por Castillo el 7 de diciembre y anunció que traerá a un perito para certificar que el archivo con el discurso antidemocrático encontrado en la computadora de Torres fue creado la noche anterior, el 6 de diciembre a las 22:52 horas, y redactado cuando se encontraban reunidos Castillo, Torres y Chávez, una cita, que según el alegato fiscal tenía como objetivo “coordinar el plan criminal y elaborar el mensaje a la Nación que debiera ser leído al día siguiente”.
“Tendremos la concurrencia de testigos y el acta de visualización del registro fílmico del Salón Dorado de Palacio de Gobierno que dan cuenta que los acusados ingresaron al despacho presidencial”, anunció la fiscal.
La tesis fiscal tiró abajo lo expresado por Castillo minutos antes del proceso cuando rechazó haber cometido un golpe y exculpó a los coacusados.
La representante del Ministerio Público aseguró que un día antes del golpe, Castillo solicitó la renuncia del entonces comandante general del Ejército Walter Horacio Córdova Alemán por medio del ministro de Defensa, Emilio Bobbio. “Tenía en sus planes designar a otra persona afín a sus intereses para que pueda ejercer ese cargo de general del Ejército, en los próximos días se conocerá cómo Castillo y otros acusados planificaron el golpe”, aseguró.
Señaló, además, que minutos antes de su discurso antidemocrático de ese 7 de diciembre Castillo y los coacusados Chávez y Torres pretendían que los encargados del resguardo en Palacio de Gobierno retiraran las rejas de acceso a la Plaza de Armas e hicieran ingresar amás de 300 simpatizantes.
Tras el mensaje golpista, señaló la fiscal, Castillo dispuso al entonces ministro Huerta que ordenara al también procesado Manuel Lozada Morales, por esos tiempos jefe de la Región Policial Lima, impedir el ingreso de trabajadores y congresistas a la sede legislativa, además de garantizar el resguardo de sus padres. Tras la orden fueron impedidos de entrar al Congreso Adriana Tudela y Vivian Olivos.
Precisamente estas dos legisladoras forman parte de la larga lista de testigos que presentará el Ministerio Público y que desfilarán en la Sala Penal. También declararán el general Córdoba, el exministro Bobbio; Lina Sánchez, secretaria del Ministerio de Defensa; Andrés Salas Jaén, entonces viceministro de Defensa, entre otros.
La audencia se suspendió hasta este jueves desde las nueve de la mañana y en donde se escucharán los alegatos de las defensas de Castillo y Chávez.
Además de Castillo, Torres, Chávez y Huerta también son procesados Manuel Lozada, exjefe de la Región Policial Lima; Justo Venero Mellado, exjefe operativo de Servicios Especiales; y Ever Infanzón Gómez, exoficial operativo, que ayer no se presentó a la audiencia y fue declarado reo contumaz.
Al término de su alegato la Fiscalía reiteró su pedido de 34 años de prisión contra Castillo.
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