Nicanor Boluarte duerme en carceleta después de operativo del Eficcop

Fecha Actualización

11/05/2024 - 07:20

Ser hermano de una presidenta no podía darle tanta impunidad a Nicanor Boluarte.

Ayer, en horas de la mañana, un operativo liderado por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la Diviac lo enmarrocó en su domicilio por una investigación fiscal que se conoce como el caso Los Waykis en la Sombra.

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El hermanísimo figura como el presunto cabecilla de una organización criminal que, con ayuda de operadores de su círculo personal, habría negociado ilícitamente la colocación de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país a cambio de conseguir financiamiento económico y recolectar fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.

Otro involucrado en el organigrama es nada menos que el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, quien sería el ‘brazo legal’ de la agrupación criminal, pues habría intervenido personalmente para solicitar el archivo de la investigación al hermano de la mandataria.

La medida fue ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho quien después de muchas lunas reapareció. Su resolución se basa en la sospecha de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El recurso alcanza a 22 personas involucradas, de las cuales ocho estarán diez días detenidas preliminarmente, también se allanaron 26 inmuebles en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín.

CHATS Y REUNIONES

Tras más de 7 horas de diligencias, Nicanor Boluarte salió, cubriendo su rostro con un gorro y una mascarilla, escoltado de su domicilio por agentes de la Policía. Solo optó por esbozar un “soy inocente”, al mismo estilo de Alberto Fujimori en el juicio que lo llevó a ser condenado a 25 años de cárcel.

Otro hecho clave considerado en la orden judicial es la reunión que tuvo el hermano de la presidenta junto a Juan Enciso Torres en octubre de 2023. Tras su encuentro, se le presentó la propuesta ilícita para tomar la jefatura de Provías Descentralizado, una oficina en donde la corrupción se instala gobierno a gobierno.

La tesis fiscal también señala que el abogado Mateo Castañeda “transmitía mensajes” de la presidenta Dina Boluarte a coordinadores policiales para desviar y frenar la investigación que se le seguía a su hermano. El abogado le habría ofrecido al coronel PNP Walter Lozano el ascenso al grado de general, así como protección para cualquier situación en la que se encuentre. De igual manera, sugirió beneficios para el coronel PNP Harvey Colchado.

Asimismo, Castañeda se reunió con el agente ‘René’, a quien le pidió interceder con la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, para que ella archive la investigación contra Nicanor Boluarte. Como evidencia de dicha reunión, se presentó un voucher de consumo a nombre del Estudio Castañeda & Menacho Abogados, de Castañeda Segovia.

Según un testigo protegido, el agente ‘René’ se negó a la solicitud de Castañeda de informar sobre las actuaciones del Eficcop, motivo por el que la presidenta dio órdenes expresas de “buscarle la sin razón o falta para que le abran procesos administrativos al coronel (Harvey) Colchado y lo tumben”. Es en este contexto que el agente policial fue destituido de su puesto en el equipo especial.

De acuerdo a las investigaciones, la mandataria habría usado a algunos miembros de Inspectoría General de la PNP —vinculados al control disciplinario— para restar operatividad al Eficcop. En este contexto, según la tesis fiscal, se dio la suspensión del coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la Diviac, el pasado 13 de abril, por supuestas infracciones disciplinarias.

UNA INVESTIGACIÓN MÁS

Alrededor de las 7 p.m., el vocero presidencial se pronunció en una conferencia de prensa para seguir con la careta de impunidad. El abogado Freddy Hinojosa señaló que la jefa de Estado no evalúa dejar el cargo, pese a las últimas investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte.

Minutos después, el Ministerio Público anunció el inicio de diligencias preliminares contra Dina Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por la decisión tomada el último jueves en la que se desactivó el equipo especial PNP que apoyaba en sus indagaciones al Eficcop.

Según se menciona en un comunicado, ambos serían presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y encubrimiento personal.