El gerente de Asuntos Corporativos de la Minera Poderosa, Pablo de la Flor, no tardó en responderle al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien, a través de una carta le exigió que se rectificara, luego que el ejecutivo de la minera señalara en un evento que el apepista tiene vínculos con la minería informal.
“...las expresiones que usted cuestiona no le imputan ningún hecho concreto, sino que constituyen valoraciones críticas y genéricas a su actuación como congresista de la República y ciertamente a su posición como presidente del Congreso. Constituyen opiniones basadas razonablemente en abundante información pública difundida por diversos medios de comunicación que, hasta donde tengo conocimiento, usted no ha objetado a través de acción legal alguna”, argumentó De la Flor, en un comunicado público.
“Entiendo que las opiniones que cuestiona no le resulten agradables y le generen algún tipo de disgusto o desazón, pero no por ello dejan de tener protección constitucional en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Conforme a los estándares internacionales y a nuestra Constitución, está proscrita la criminalización de las opiniones”, se lee en el documento.
Tras explicar sus argumentos, De la Flor señala que el requerimiento de Salhuana para rectificarse “carece de todo sustento fáctico y legal, y no corresponde a su condición de alto funcionario del Estado”.
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