Partidos políticos perderán financiamiento público si cometen infracción muy grave

Según el artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas, se constituye una infracción muy grave cuando la agrupación no presenta los informes sobre las aportaciones, ingresos y gastos efectuados durante una campaña electoral o en un periodo de información financiera anual. Como se conoce, los partidos están obligados a rendir cuentas semestralmente, luego de obtener el dinero público.

También se origina una falta muy grave cuando el partido señalado no haya cumplido con subsanar la infracción en el plazo establecido por el ente electoral.

Las otras causales de pérdida del financiamiento público, que ya estaban establecidas en la norma, están referidas a cuando se torne imposible cobrar las multas impuestas en contra del partido político por insolvencia económica y cuando se disuelva constitucionalmente el Congreso de la República.

El artículo 131 del mismo reglamento establece los criterios de graduación de la sanción. En este apartado, la norma publicada ayer añade un párrafo más que señala que “la reincidencia de conductas infractoras constituye un criterio relevante en la graduación de la multa y la pérdida del financiamiento público directo, de ser el caso”.

De configurarse la infracción, se observa en el documento, “se aplica un valor de 50% sobre el extremo mínimo del monto de la multa, sin perjuicio de considerar otros criterios de graduación”.

Desde que en 2017 fuesen distribuidos por primera vez millonarios fondos públicos hacia los partidos políticos con asiento en el Parlamento, la ONPE ha aplicado multas a organizaciones infractoras, pero ninguna de ellas ha perdido el 100% del financiamiento estatal. El Partido Aprista perdió el financiamiento que iba a recibir en 2017 por no presentar sus informes financieros en 2015, cuando aún no se transfería el dinero público. Perú21 publicó el 17 de enero que este año las agrupaciones recibirán casi 15.6 millones de soles con el objetivo de ayudarlos a que capaciten y formen mejores cuadros que revolucionen nuestra alicaída clase política.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi opinó que esta norma “es importante”. Sin embargo, dijo que la ONPE “debería hacer mucho más en regular el financiamiento público para que se gaste ese dinero de manera idónea y no se dilapiden los recursos públicos”.

“¿Cómo es posible que la ONPE permita que se contraten centros de capacitación fundados días antes de la suscripción del contrato con el partido? Deberían ser universidades licenciadas por Sunedu las que den las capacitaciones, nada más”, declaró a este diario.

También cuestionó “¿cómo permitir que se pague un sueldo tan alto a un prófugo de la justicia, como el señor Vladimir Cerrón? La ONPE debería implementar más modificaciones”.

En efecto, Perú21 reveló pagos escandalosos de Perú Libre en favor de Cerrón. Solo en 2023 recibió más de 126 mil soles, incluyendo pagos de gratificaciones y vacaciones truncas. Más irregularidades se hallan en los informes de las demás agrupaciones y estas no son causales de la pérdida del financiamiento público.

Proyecto de ley. El 12 de febrero, el congresista Juan Burgos presentó un proyecto de ley que tiene como fin eliminar el financiamiento público a los partidos políticos.

Evitar mal uso. La iniciativa busca “evitar el uso incorrecto de fondos del erario nacional y fortalecer la gestión pública”. En X, Burgos cuestionó que con ese dinero los partidos les hayan pagado a personas condenadas.