El 23 de noviembre del año pasado, la cuenta de Facebook del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, transmitió en vivo lo que era el Gran Encuentro Nacional de Líderes Renovadores de su partido político, Renovación Popular.
El presentador, eufórico, mencionó al inicio del evento que “la ola celeste está llegando a Lima Metropolitana y tiene que llegar a todo el país”, en referencia a la gestión capitalina del burgomaestre y a su clara intención de postular a la presidencia del Perú en 2026. Era un evento proselitista.
Los convocados estaban completamente ‘brandeados’ de pies a cabeza. Portaban polos, gorros, chalecos y banderas que, aparentemente, habrían sido adquiridos con dinero del financiamiento público que le otorga el Estado a Renovación Popular.
Así lo sostiene la ONPE en su informe de verificación del uso de los fondos públicos, emitido el 31 de mayo de 2025, y que revisó Perú21.
La entidad electoral indica que el partido de López Aliaga usó la subvención estatal para pagarle a Zoyla Beatriz Echegaray Mamud el importe de S/2,399.88 para comprar 1,000 bolsas notex, así como para entregarle S/10,950 al proveedor Induprend S.A.C. por la compra de gorros publicitarios y chalecos casaqueros. Estas adquisiciones, señala la ONPE, “no tienen incidencia directa con promover la participación política de la ciudadanía ni el fortalecimiento de las organizaciones políticas”, según lo establecido en la Constitución y en la Ley de Organizaciones Políticas.
NO ES EL ÚNICO
Pero las inconsistencias no están presentes solo en un partido. La ONPE también cuestionó que Perú Libre invirtió S/100,000 en favor del proveedor Overall Health E.I.R.L. para que supuestamente realice un Diplomado en Gestión Pública para su militancia, en convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Sin embargo, esta empresa no tiene un convenio vigente con la referida casa de estudios.
En el caso de Fuerza Popular, la ONPE alertó que ha reportado la realización de un programa de maestría en la Universidad ESAN por el importe de S/100,000 que incluye actividades académicas programadas para ejecutarse después del término del quinquenio, en el año 2027.
“Se ha determinado una presunta infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento de Financiamiento, que amerita el inicio del procedimiento administrativo sancionado”, manifiesta la entidad.
Podemos también pagó S/38,000, S/127,000, S/33,000 y S/14,400 por servicios de capacitación que, según la ONPE, no están dirigidos a promover la participación política de la ciudadanía ni fortalecer al partido.
TENGA EN CUENTA
- Retención judicial. La ONPE también mencionó que Juntos por el Perú mantiene dos embargos en forma de retención judicial, efectuados por el JNE el 05/12/22 por S/124,500 y el 24/05/23 por el importe de S/108,000, que están en solicitud de devolución a la cuenta del financiamiento público.
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