Desde hoy viernes 9 de mayo, la provincia de Pataz, en la región La Libertad, se encuentra bajo un nuevo régimen de toque de queda.
La medida, que restringe la circulación de personas desde las 18:00 hasta las 06:00 horas, forma parte de la prórroga del estado de emergencia decretado por el Gobierno peruano. Esta decisión surge tras la masacre de 13 trabajadores mineros, un hecho que ha conmocionado al país y puesto en evidencia la creciente violencia en la zona.
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El Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, establece que durante los 30 días de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú.
Además del toque de queda, se ha dispuesto la suspensión de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba. Estas medidas buscan frenar la violencia asociada a la minería ilegal y al crimen organizado que opera en la región.
Durante la vigencia de la norma quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Diversos sectores han cuestionado la eficacia y oportunidad de estas acciones.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha defendido las medidas adoptadas, afirmando que se busca "devolver la tranquilidad a Pataz, azotada por la violencia derivada de la minería ilegal". No obstante, las declaraciones iniciales de las autoridades, que pusieron en duda la veracidad del secuestro de los mineros, han generado desconfianza en la población.
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