PCM garantiza cierre tranquilo de Las Bambas

Es decir, lejos de buscar alternativas de diálogo o adoptar acciones firmes para la reanudación de las actividades, decidió darle la estocada final a la mina garantizando un cierre tranquilo. La paralización afectará a 3 mil trabajadores y a 75,000 familias. En tanto, la región Apurímac dejará de recibir S/1.2 millones por día por concepto de regalías contractuales y, según la empresa, el fisco en general dejará de percibir S/5.2 millones diarios por concepto de impuestos.

El exministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo lamentó la paralización de “la mina más importante de cobre del país”, pues es una decisión “inusual en el mundo” y criticó a Vásquez por permitir llegar a ese punto.

“Esa falta del apoyo del Estado para garantizar un orden mínimo tendrá consecuencias fuertes en la forma como los inversionistas privados ven al Perú. Ella tiene que convencerse de que su expectativa que se resuelva mediante el diálogo está chocando contra una pared y no se hará posible. Llega el momento en que corresponde usar las herramientas que le da la ley para restablecer la circulación”, sostuvo a este diario.

Por su parte, el congresista Carlos Anderson dijo que “no debe sorprender la actitud de la premier pues, para ella, la actividad minera es dañina y por eso no hay otra forma de entender la pasividad con la que actúa. Es la crónica de una muerte anunciada”. “El Estado debe actuar de manera preventiva, pero no entiendo por qué el gobierno no tiene una actitud proactiva ante esta paralización. Espero que esto se revierta porque el país no está para dejar de lado esas ganancias”, remarcó.

El exviceministro de Gobernanza Territorial Raúl Molina advirtió que es preocupante que el Estado haya permitido la deformación pues, en vez de tratar los temas de fondo, como el asfaltado de la carretera, ahora eso se convierta en “una discusión privada”.

“Lo que también preocupa es que la discusión ya no es la contaminación por el no asfaltado de la carretera, sino cuántos camiones o camionetas me contratas. Los términos de discusión se han deformado. Quien tiene que evitar esto es el Estado, pero su error es dejar que esto se vuelva una discusión privada. El Estado debe cuidar el interés general y para ello las empresas deben colaborar en el desarrollo, pero estas no pueden ser vistas como un chanchito al que se le saca recursos indefinidamente”, explicó a Perú21.

En esa línea, criticó que, ante la dimensión del conflicto, no se declare en emergencia la zona. “La premier dijo que es la última alternativa porque puede derivar en violencia, pero antes se ha hecho ejecutando un plan sin violencia. Al desplegar a las fuerzas del orden, se marca la situación y se da a entender que los bloqueos de carreteras no pueden ser indiscriminados y usados como un mecanismo de presión para obtener sus objetivos”, anotó.