Elio Riera, quien tiene a su cargo actualmente la defensa legal de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, podría asumir también la representación legal del expresidente Pedro Castillo en el juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión y otros en agravio del Estado.
El abogado expresó su solidaridad con el exmandatario y reveló que sus familiares se han acercado a él para una eventual defensa.
Un intransigente expresidente hizo todo por dilatar el inicio del juicio por el golpe del 7 de diciembre de 2022. Para la Fiscalía no quedan dudas de su responsabilidad y señala que Aníbal Torres redactó el mensaje golpista una noche antes del discurso.
"Hay elementos para demostrar que es un caso atípico por el cual no debería estar privado de su libertad. Me tengo que solidarizar con Pedro Castillo por su situación jurídica", indicó.
"Si bien existen algunos acercamientos vinculados a lograr o materializar una estrategia de defensa, están en proceso de poder concretarse. No puedo dejar de solidarizarme con una persona que necesita una orientación legal y justicia. Estamos analizando con personas directas del señor Pedro Castillo, los acercamientos que hemos tenido son con los familiares, tengo que tener reserva. Como familiares están afectados por la situación", declaró a RPP.
Mala estrategia
Riera comentó también lo ocurrido en la víspera durante el juicio oral contra Castillo, quien se negó a recibir asesoría del defensor público y cuestionó la legitimidad de los jueces.
"Tal vez está siguiendo una orientación legal donde busca no otorgarle legitimidad a los jueces. Jurídicamente considero que no es buena estrategia porque finalmente el juicio oral va a continuar y uno tiene que defenderse", añadió.
En la audiencia del último jueves, se recuerda, el exmandatario pretendió montar todo un show alrededor de su situación negándose a recibir asesoría de un defensor público dado que no cuenta con una defensa legal privada. Además, criticó a la Procuraduría que ha solicitado que se le imponga el pago de más de 65 millones de soles de reparación civil por los daños ocasionados al Estado con su fallido intento golpista.
Como se sabe, Castillo es acusado del delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Como coautores están incluidos la expremier Betssy Chávez, el exprimer ministro Aníbal Torres y el extitular del Interior Willy Huertas, así como exoficiales de la Policía Nacional.
El Ministerio Público ha pedido que se le imponga a Castillo 34 años de prisión y el pago de 65'419,038.53 soles como reparación civil. Para los otros acusados, en tanto, ha solicitado al Poder Judicial que se les aplique penas entre 15 y 25 años de cárcel y el pago de una reparación civil superior a los 64 millones de soles.
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