Abogado de Pedro Castillo asegura que acudirá a declarar ante fiscalía si se garantizan sus derechos

El presidente Pedro Castillo acudirá a declarar ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, este 4 de agosto, como investigado en el caso de las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Fecha Actualización

02/08/2022 - 13:17

El presidente Pedro Castillo acudirá a declarar ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, este 4 de agosto, como investigado en el caso de las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) si se garantizan sus derechos.

Así lo aseguró Eduardo Pachas, uno de los abogados del mandatario, quien acusó a la titular del Ministerio Público de pretender “recortar los derechos” de Castillo Terrones para “vacarlo” del cargo.

“El presidente de acuerdo a ley contestará siempre y cuando se le garantice el debido proceso y acá no hay garantía, hay emboscada. A todas las citaciones que ha ido […] ha respondido al Ministerio Público de acuerdo a ley”, expresó.

“[¿Esta vez va a responder?] De igual manera, pero pediremos que se nos garantice algo: el debido proceso, el derecho a la defensa y no emboscarlo. No puede ser que una fiscal asuma y desde su primer discurso, sin haber leído ni un expediente, diga que va a destituir al presidente de la República”, agregó.

Cabe indicar que en diciembre del 2021, el presidente declaró ante un adjunto de la fiscal de la Nación, a quien recibió en Palacio de Gobierno, por el Caso Ascensos en condición de testigo.

Posteriormente, el 17 de junio de este año, declaró ante el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como investigado en el Caso Puente Tarata.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación amplió la investigación preliminar a Castillo Terrones abierta a raíz de las declaraciones de Mariano González por su destitución como ministro del Interior.

En un principio, la indagación al mandatario solo era por el delito de encubrimiento personal, pero el Ministerio Público determinó que además sea investigado por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

Al tener esta condición, el plazo de investigación se adecuó a 36 meses, contados a partir del 20 de julio pasado, fecha en la que la pesquisa se abrió. El período inicial era de 60 días.

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