Procurador de la PCM pide a la Fiscalía que investigue a Olaechea y a miembros de la Permanente

El último viernes, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación en la que solicita que se abra una investigación preliminar a Pedro Olaechea y “los que resulten responsables” por el delito de usurpación de funciones.

El documento, al que accedió Perú21, señala que el presidente de la Comisión Permanente habría cometido dicho delito a firmar como presidente del Congreso en la demanda competencial y la medida cautelar que presentó hace dos días ante el Tribunal Constitucional contra la disolución del Parlamento.

La denuncia enviada a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalaos, ingresó a Mesa de Partes del Ministerio Público a las 3:42 p.m., solo horas después de que el presidente Martín Vizcarra, desde Moquegua, cuestionara públicamente a Olaechea por firmar como titular del Congreso. “En consecuencia, seguramente el procurador de la PCM actuará conforme a ley”, dijo el jefe de Estado en ese momento.

“El denunciado Pedro Olaechea ostenta únicamente el cargo de presidente de la Comisión Permanente del Congreso y no el cargo de presidente del Congreso que menciona en los petitorios (...) por lo que habría cometido el delito de usurpación de funciones que ha sido denunciado públicamente por el presidente de la República”, señala la denuncia de Cosavalente.

No obstante, el pedido del procurador no solo se restringe a Pedro Olaechea sino también a los miembros de la Comisión Permanente que el pasado 2 de octubre aprobaron la presentación de la demanda competencial y medida cautelar ante el TC. Según Cosavalente, los que votaron a favor de esta autorización resultarían pasibles de ser investigados por usurpación de funciones “en calidad de cómplices primarios”.

“El primero (Olaechea) se irrogó la función de presidente del Congreso de suscribir petitorios como tal, mientras que los congresistas de la Comisión Permanente actuaron en un pleno congresal con prerrogativas distintas a las encomendadas constitucionalmente a través de la Comisión Permanante (...) habrían usurpado funciones que no le corresponderían, dado que a pesar de tener facultades distintas a las prescritas por la norma constitucional actuaron como un Congreso no disuelto”, se lee en el documento.

A través de la medida cautelar, Olaechea solicitó al TC que suspenda los efectos del decreto supremo que dispuso la disolución del Congreso, la revocatoria del mandato parlamentario de los legisladores que no integran la Comisión Permanente y la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. En tanto, la demanda competencial busca que el órgano constitucional determine si el Ejecutivo tiene o no competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza a atribuciones que le competen al Congreso, como reformas constitucionales.