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Periodista Eduardo Quispe es secuestrado por ronderos afines a Pedro Castillo

En un repudiable acto que atenta directamente contra la libertad de prensa –y que amerita ser sancionado de forma inmediata–, ayer el periodista Eduardo Quispe del dominical Cuarto Poder fue secuestrado junto a su camarógrafo Elmer Valdiviezo y el chofer de la unidad móvil por las rondas campesinas del distrito de Chadín, en la provincia de Chota (Cajamarca).

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En un repudiable acto que atenta directamente contra la libertad de prensa –y que amerita ser sancionado de forma inmediata–, ayer el periodista Eduardo Quispe del dominical Cuarto Poder fue secuestrado junto a su camarógrafo Elmer Valdiviezo y el chofer de la unidad móvil por las rondas campesinas del distrito de Chadín, en la provincia de Chota (Cajamarca).
El equipo periodístico venía cumpliendo su labor, investigando –desde el lugar de los hechos– a la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, implicada en presunto tráfico de influencias y que, justamente, fue uno de los últimos destapes de Eduardo Quispe (ver recuadro).
Fue en ese momento que los hombres de prensa fueron interceptados en la comunidad de La Palma y privados de su libertad. De inmediato, los ronderos le quitaron los teléfonos a Quispe. Un secuestrador se comunicó –usando uno de los celulares– con la producción de Cuarto Poder a fin de establecer de forma obligada un enlace telefónico y salir en vivo por la señal de América Televisión.
La condición que pusieron los ronderos para liberar a los periodistas fue rectificarse y comprometerse públicamente a “no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares”. Si eso no ocurría, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo, confirmó América Televisión en un comunicado.
“Pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín y a nivel nacional por no actuar de acuerdo a la verdad”, fue forzado a decir Eduardo Quispe. “Nos dirigimos a nuestras familias para informarles que las rondas nos han tratado de manera humana y que, luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos”, dijo en otro momento.
Sin embargo, pese a cumplir con lo dispuesto, no fueron liberados de forma inmediata, sino que tuvieron que pasar varios minutos de tensión antes de poder ser escoltados por miembros de la Policía.
Además, sus captores se quedaron impunemente con sus equipos de trabajo (cámaras de TV y otros bienes), según conoció Perú21.
Este secuestro generó el rechazo de la Defensoría del Pueblo, que remarcó que el “uso de (la) violencia es inaceptable en un Estado de derecho y conlleva responsabilidades penales”.
Por su parte, el Colegio de Periodistas del Perú subrayó que el “hecho constituye un flagrante atropello a la libertad de expresión y un abuso de poder. Deplora que la política errática y hostil del Gobierno respecto de la prensa desencadenen nuevos y peligrosos riesgos contra periodistas”.
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