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Perú Libre no quiere vigilancia de la prensa en un eventual gobierno
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La última semana, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó el informe 2021-I de libertad de expresión en el Perú ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a fin de exponer las vulneraciones a la labor periodística registradas entre octubre de 2020 y marzo de 2021. No pasó desapercibida una advertencia sobre futuras afectaciones a la prensa debido a las propuestas contempladas en el plan de gobierno del partido Perú Libre del candidato presidencial Pedro Castillo, quien hasta el momento encabeza la intención de voto en las encuestas.
El CPP precisó que los planteamientos de la organización política “implicarían un cambio absoluto en las reglas del juego de la libertad de expresión y los medios de comunicación privados”. Asimismo, alertó sobre las “constantes alusiones a las acciones de Correa, los Kirchner y Fidel Castro frente a los medios de comunicación de sus países”.
Perú Libre plantea –además– desligarse de organismos internacionales que velan por derechos fundamentales como la libertad de expresión. Un claro ejemplo de ello es la propuesta de separarse de la SIP, que figura en la página 30 de su plan de gobierno. “Es deber del Estado socialista independizarse de esta organización que concentra el poder mediático continental para defender el poder económico de la oligarquía americana”, refiere el documento.
Seguido se lee “porque saben que la guerra política hoy es comunicacional, a decir de Correa, los medios de comunicación han reemplazado a los partidos políticos”.
ALERTA INTERNACIONAL
Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, sostuvo que este tipo de iniciativas demuestran un “abierto desconocimiento” de la función de organismos internacionales como la SIP.
“La SIP tiene más de 1,200 medios asociados y representa no solo a la prensa grande, sino también a la pequeña y mediana. No ejercemos control, el objetivo es defender los principios de la libertad de expresión, de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que él busca independizarse de ese control ciudadano que se ejerce a base de informes periodísticos que reflejan irregularidades en los gobiernos”, expresó a Perú21.
El abogado argentino mostró su preocupación por planteamientos como la formalización obligatoria de periodistas, referida en la página 29 del plan de Perú Libre, donde también se lee: “El socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo”.
“Estos proyectos son totalmente contrarios a los principios de libertad de prensa y sobre todo de derechos humanos porque se estaría coartando la posibilidad de que un ciudadano pueda ejercer su derecho de informar al pretender imponerle un requisito previo de que se deba inscribir en un registro”, señaló.
“Si esto se impusiera, sería un grave retroceso para el avance republicano en Perú y lo vemos con suma preocupación. El hecho de que algunos ministerios deban aprobar los contenidos de los medios son claros actos de censura previa”, advirtió Jornet.
ESTADO DE DERECHO
Para Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico (UP), la libertad de prensa y la libertad de expresión son pilares fundamentales en cualquier Estado de derecho, ya que operan como mecanismos de control del poder estatal.
Por ello, consideró que afirmaciones como la que se observa en la página 52 del plan de gobierno de PL –”la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que la SIP sirven como pistones de presión contra gobiernos de izquierda”– adelantan una postura frente a organismos de control internacional.
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“Estos mecanismos de supervisión son garantías que el Estado otorga a sus ciudadanos. El mensaje que nos está dando (Castillo) es el de un Estado absoluto que no quiere sujetarse a ningún tipo de moderación, es tremendamente peligroso porque, cuando quieres ejercer un poder absoluto, te estás convirtiendo en una dictadura y las dictaduras no necesitan un mecanismo legal para ser reconocidas”, alertó.
Por otro lado, añadió que, según el marco legal vigente, es inconstitucional cambiar la estructura de funcionamiento de los medios actuales aludiendo concentración de medios –como se postula en el plan de PL–, salvo que se afecte el interés del consumidor.
TENGA EN CUENTA
El informe del CPP señala que entre octubre 2020 y marzo 2021 se vivieron las peores represiones a la libertad de expresión en Perú desde el gobierno de Alberto Fujimori.El Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la PNP y la falta de transparencia de instituciones públicas fueron los principales actores que atentaron contra la labor periodística en Perú según la investigación.Asimismo, el CPP indicó que en las protestas de noviembre de 2020 por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino, más de 40 periodistas que trabajaron en la cobertura fueron atacados por la PNP.“Sería bueno que Fujimori y Castillo suscriban la declaración de Chapultepec (1994) y de Salta (2020)”, recomendó Carlos Jornet, presidente de la Comisión Libertad de Prensa SIP.
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