Los dejaron plantados. Ante la inasistencia del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para sustentar la decisión del Poder Ejecutivo de aumentar la remuneración mensual de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de S/35,568 a S/16,000, el referido grupo de trabajo acordó solicitar la concurrencia de la mandataria ante el Pleno del Legislativo.
El destacado diplomático falleció esta madrugada a la edad de 77 años. Recordamos su trayectoria en esta entrevista realizada en el año 2021.
A la sesión extraordinaria también fueron citados el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, y el jefe de Servir, Guillermo Valdivieso. Ninguno de ellos, sin embargo, asistió alegando compromisos previos pendientes de atención.
La propuesta para citar a la jefa de Estado fue formulada por el presidente de la comisión Juan Burgos, y aprobada por unanimidad por 13 congresistas de distintas bancadas.
Según el acuerdo, se solicitará al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, que "en cumplimiento del ordenamiento constitucional se curse invitación formal a la presidenta Dina Boluarte a a fin de que se presente ante el Parlamento a sustentar técnica, legal y presupuestalmente el incremento de su remuneración mensual".
Asimismo, por sugerencia del legislador Edgard Reymundo, la comisión aprobó interpelar al premier y al titular del MEF, y, adicionalmente, "presentar una iniciativa conjunta de la comisión para la derogatoria del decreto supremo" que oficializa el incremento remunerativo de Boluarte.
"Hago una llamado a las bancadas sin distinción para que emitan su voto favorable a la propuesta, no se trata de cálculo político sino de una exigencia democrática a quien ejerce la más alta magistratura del país para que dé cara al país y rinda cuentas con transparencia ante la representación nacional. El Congreso no puede ni debe renunciar a la labor de fiscalización, y no podemos permitir que el silencio o evasión socaven la legitimidad de instituciones, no podemos ampararnos en disposiciones complementarias de la ley de transparencia, este no es un asunto de seguridad nacional o un asunto jurídico que esté judicializado", refirió Burgos.
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