Piden a Junta de Fiscales Provinciales pronunciarse por crisis del Ministerio Público

Elmer Chirre, único fiscal que logró cerrar un acuerdo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht, presentó solicitud.

Fecha Actualización

24/08/2019 - 13:33

El fiscal provincial Elmer Chirre, el único que logró cerrar un acuerdo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht, solicitó hoy a Elizabeth Matute Llaves, presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales, que convoque a una sesión para emitir un pronunciamiento sobre la crisis que atraviesa su institución.

A través de un oficio, al que accedió Perú21, Chirre propuso que se convoque a una reunión en la que participen los fiscales provinciales titulares, adjuntos y provisionales.

"Considero que es preocupación delinear una posición clara frente a la lucha contra la corrupción en la que incluye, entre otros temas, la posibilidad de ejercitar iniciativa legislativa", se lee en el documento.

En esa línea, el fiscal -quien cerró un acuerdo de colaboración con un ex representante de Odebrecht, luego de que este admitiera que se pagaron sobornos al ex gobernador de Áncash, el detenido César Álvarez, a cambio de conceda la construcción de una carretera- recomienda que, además de emitir un pronunciamiento, se conforme comisiones para el análisis y propuestas legislativas.

Hoy también el fiscal coordinador de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, declaró que entre sus colegas hay una "natural preocupación" sobre la situación del Ministerio Público. Por ello, exhortó a los fiscales supremos a tomar las "decisiones correctas" por el bien de la institución.

"Solo espero, y le pido a Dios, que tanto el fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) como los fiscales supremos tengan la lucidez necesaria y la sabiduría para que tomen las decisiones correctas por el bien del país y el bien de nuestra institución", manifestó.

Tanto Chávarry, como los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza son cuestionados por ser protagonistas de los audios que ha destapado una red de tráfico de influencias al más alto nivel del sistema judicial. Pese a los pedidos de renuncia del presidente Martín Vizcarra y de distintos congresistas, ninguno pretende dejar sus cargos.

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