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Pleno del Congreso censuró al ministro Geiner Alvarado

El ministro de Transportes y Comunicaciones es acusado de direccionar licitaciones de distintas obras públicas cuando era ministro de Vivienda, como parte de una red criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo.

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Fecha Actualización
Con 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones, el Pleno aprobó la mañana de este jueves la moción de censura del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. Es acusado de direccionar licitaciones de distintas obras públicas cuando era ministro de Vivienda como parte de una red criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo.
Alvarado deberá dejar el cargo en las próximas 72 horas.
El debate de la moción se inició minutos después de las 9:00 de la mañana. Antes de la votación, la voceras de Perú Libre, Kelly Portalatino; de Avanza País, Adriana Tudela, y de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunciaron a favor de separar al ministro por las acusaciones en su contra.
“El señor Geiner Alvarado, durante el año que estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda, no tuvo la capacidad de gestión que requiere. En su gestión no se ha ejecutado alguna obra pública de alto impacto dentro del Perú profundo”, manifestó Portalatino.
Por su parte, Tudela sostuvo: “Creemos que este Gobierno, y en particular el ministro, han utilizado como un pretexto las necesidades de los peruanos más pobres y más vulnerables para armar una red de corrupción y llenarse lo bolsillos a costa del dinero público”.
En tanto, Patricia Juárez expresó que: “El ministro de Transportes y Comunicaciones en su legajo personal tiene varias denuncias que de plano lo descalifican para ejercer cualquier cargo público y con mayor razón el de ministro de Estado. No se trata de simples denuncias, sino de investigaciones que se vienen dando en sede fiscal por la comisión de delitos sumamente graves en el marco de una organización criminal”.
Según la moción, el ministro debía salir del cargo por la presunta comisión de hechos ilícitos en la modalidad de “licitaciones públicas fraudulentas”, con las que habría otorgado la buena pro de obras pública a empresas que no contaban con los requisitos exigidos por la ley. Además, indican que direccionaba a empresas con la que habría negociado “bajo la mesa”.
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