Población cree que Ejecutivo debe asumir labor de gobiernos locales ante desastres

En la zona urbana, el 52% cree que debe ser el Gobierno, mientras que en el sector rural, 65%. Además, en el norte del país el 51% opina que la administracion central debe encargarse de ayudar a los afectados –número bajo teniendo en cuenta que es la región más afectada por las lluvias–, mientras que en el sur (62%), centro (48%) y el oriente (65%) el número es muy superior.

Otra responsabilidad de los gobiernos regionales y municipales que la población considera que debería asumir el Gobierno es la prevención de daños ante desastres naturales. El 47% señaló que el Ejecutivo debería ser el encargado, mientras que 34% opinó que deben ser los gobiernos regionales, y el 20% aseguró que las municipalidades.

Sin embargo, a diferencia con la ayuda a los afectados por desastres, en este caso solo en el sur del país más del 50% cree que el Ejecutivo (57%) debe encargarse de la prevención, cantidad muy superior al 9% que opina que deberían ser las municipalidades. Por otro lado, en el sector urbano, 47% señala que debe ser el gobierno central, 33% los gobiernos regionales y 18% las municipalidades; mientras que en el sector rural, 42% opina que debe ser el Ejecutivo, 34% gobiernos regionales y 21% municipalidades. Las cifras parecen reflejar un clamor por escalar al nivel más alto de gobierno para solucionar los problemas ante el descontento o ineficacia de los gobiernos regionales y municipalidades.

A pesar de que la mayoría crea que es el Ejecutivo quien debería encargarse de la prevención y ayuda a damnificados, la ley orgánica de Municipalidades establece que estas deben crear, junto con Defensa Civil, un plan para la prevención y atención de emergencias y desastres. Asimismo, están obligadas a “promover y controlar la prestación de servicios en casos de conmoción civil o desastre”.

Por otra parte, la ley orgánica de gobiernos regionales señala que están obligados a “organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados”. Es decir, es a estas instancias a las que la ciudadanía debería acudir en primer lugar, pues además de tener la obligación legal, tienen también presupuesto para ello.

El analista político Iván Arenas consideró que es errónea la percepción de que es el gobierno central y no los gobiernos locales el que debe ayudar a damnificados. Asimismo, dijo que en los informes de los primeros cien días de gestión de las autoridades regionales y municipales no hay nada.Arenas señaló a Perú21 que quien debe encargarse de la seguridad y defensa civil son las municipalidades y no el Ejecutivo. Sin embargo, indicó que ello no se cumple.

“En la percepción de la gente –y eso se debe a la regionalización– es el gobierno central. Y eso depende mucho de la administración de los recursos”, dijo.Arenas recordó cuando el Ministerio de Economía reveló que los gobiernos locales de Piura solo habían ejecutado el 14% de los S/94 millones que se les asignó, dato que fue respondido por la municipalidad provincial de Piura, quien dijo que era mentira.”Los datos están ahí, pero los alcaldes y gobernadores son políticos, no les interesa los datos sino los relatos políticos”, señaló.

Por su parte, el exviceministro de Economía, Carlos Casas, consideró que las cifras de Ipsos demuestran un descontento frente a la labor que realizan en materia de prevención de desastres los gobiernos regionales y las municipalidades. Ante ello, indicó, que la ciudadanía percibe que el Ejecutivo lo podría hacer mejor.”La población está castigando a los gobiernos locales y regionales que tienen estas responsabilidades pero no están ejecutando el presupuesto”, apuntó el economista.Para el exviceministro, la desconfianza en la capacidad de los gobiernos locales es evidente.

La descentralización otorgó presupuesto a las regiones y municipalidades, pero ello no garantizó que las autoridades subnacionales cuenten con la capacidad de llevar a cabo obras de prevención con asesoramiento técnico.Con respecto a este punto, Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, consideró que en los gobiernos regionales y municipales no existen los incentivos para desarrollar obras de prevención. “En el corto plazo eso genera menos réditos políticos. En vez de utilizar los recursos en prevención se utilizan para la salud u otras áreas”, señaló. Todo indica que la descentralización mal aplicada terminó por reforzar el centralismo que buscaba desaparecer.

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