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PJ declara infundada tutela de derechos solicitada por exfiscal supremo Luis Arce Córdova
El Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos solicitada por el exfiscal supremo Luis Arce Córdova, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
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El Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos solicitada por el exfiscal supremo Luis Arce Córdova, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria refirió que el investigado “no faculta para que pueda cuestionar” cualquier tipo de disposición o requerimiento del Ministerio Público y solo puede hacerlo en el caso de peticiones ilegales que vulneren sus derechos.
Como se recuerda, Arce Córdova es investigado por la fiscalía por la adquisición de siete predios, cinco de ellos en el año 2017 y uno pagado a la totalidad en solo un año.
#LoÚltimo Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada tutela de derechos solicitada por el ex fiscal supremo #LuisArceCórdova, investigado por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Lea la resolución: https://t.co/6MiMVIlUpV pic.twitter.com/J5EcxqgRB4
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 23, 2021
El destituido magistrado también compró cinco vehículos, mientras que su hijo Luis Carlos Arce Acosta también adquirió vehículos de una manera sospechosa desde que tenía 18 y 19 años.
Además, la pericia contable financiera realizada indicaría que Arce Córdova tendría un desbalance patrimonial desde los años 2009 hasta el 2019, con excepción del año 2016, en el cual no registraría desbalance negativo.
Cabe indicar que sobre Arce Córdova, quien fue suspendido como magistrado del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la destitución de Luis Arce Córdova como fiscal supremo, así como miembro del JNE, por las llamadas telefónicas que protagonizó con César Hinostroza y por haber cometido lo que se consideraron como “faltas muy graves” contra la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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