Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para exfuncionarios de Martín Vizcarra

En el caso de Revilla, es investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada, mientras que Villafuerte es señalado por los mismos delitos pero, además, también por el de lavado de activos en agravio del Estado peruano. El plazo de detención comprende el periodo desde el 30 de enero del 2024 hasta el 29 de enero del 2027. El juez dispuso el “internamiento inmediato” de ambos personajes en un establecimiento penitenciario.

Al finalizar la audiencia, la defensa técnica de Revilla informó que formulará el recurso de apelación apenas sean notificados de la resolución de prisión preventiva. La abogada defensora de Villafuerte indicó que estaban “conforme en todos los extremos” de la medida dictada. Como se conoce, Villafuerte aspira a ser colaborador eficaz en el caso, incluso la quincena de febrero de 2024 entregó medio millón de soles en efectivo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) que demostraría la coima recibida.

La tesis fiscal advierte que la organización criminal liderada por Vizcarra cobraba el 3.5% del valor total de cada obra que se licitaba en Provías, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Uno de los colaboradores eficaces, Juan José Enciso Torres, exmiembro de los comités de selección de Provías, cada vez que Villafuerte lo convocaba para participar en un comité, le entregaba S/50 mil para “cuidar los caballos”, es decir, para proteger a las empresas que ganaban finalmente la buena pro, dándole legalidad al acto.

Enciso refirió ante el Ministerio Público que cuando le cuestionaban el monto del pago, que era menor al porcentaje de coima recibido del total de la obra, Villafuerte contestaba “es que tengo que repartir para arriba”.

Para dictar la prisión preventiva contra Revilla, el magistrado Quevedo indicó que, a pesar de tener arraigo domiciliario y familiar, no posee arraigo laboral de calidad, ya que se encontraba trabajando en Proinversión hasta su detención preliminar, pero se habría valido justamente de su estabilidad en el Estado para cometer los delitos imputados.

También se mencionó que, según el reporte de Migraciones ofrecido por la Fiscalía, Revilla registra numerosos viajes al exterior, lo que demuestra su “facilidad para abandonar el país”. Quevedo también valoró que la prognosis de la pena alcanzaría hasta los 14 años de cárcel efectiva, y que al pertenecer aparentemente a una organización criminal, esta le podría dotar de los recursos necesarios para evadir la justicia. “Sí existe un latente peligro de fuga”, culminó.

En cuanto a Villafuerte, la Fiscalía también presentó un oficio con el reporte de Migraciones en el que da cuenta que posee oportunidades para salir del país, no solo a países de Latinoamérica sino también de Europa, algunos de ellos, incluso, que no tienen tratado de extradición con el Perú. Tampoco habría demostrado tener arraigo laboral en el Perú. El juez Quevedo indicó que “los delitos que se le atribuyen los habrían realizado en el seno de una organización criminal”, la cual, de estar en libertad, podría ayudarlo a rehuir de la justicia.