Poder Judicial: Pedro Huilca no fue asesinado por Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina

Treinta y un años después, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional determinó que no hay pruebas de su responsabilidad en el crimen del dirigente sindical al que Sendero Luminoso acusó de “traidor, revisionista y vendeobreros”.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

02/11/2023 - 07:05

En vísperas de cumplirse 31 años de la muerte de Pedro Huilca Tecse, el Poder Judicial absolvió al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y a exintegrantes del Grupo Colina, encabezados por Santiago Martin Rivas, como autores directos e indirectos de su asesinato, ocurrido un 18 de diciembre de 1992, y reivindicado en su momento por la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) a través de su pasquín El Diario, donde lo tildó de “vendeobreros, (…) revisionista y contrarrevolucionario que pretendió enfrentarse a la guerra popular” y lo acusó de “traición” a la clase obrera.

El fallo dictado en mayoría concluye que a la luz de las pruebas presentadas por el Ministerio Público “no está plenamente demostrada” la responsabilidad de los acusados en el asesinato de Huilca, quien por doce años consecutivos fue secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y en marzo de 1992 fue elegido secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Desde esos cargos, el dirigente cusqueño, sin deponer su defensa gremial, tuvo siempre una postura dialogante con los sectores empresariales, como lo recordó a Perú21 el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y de la Confiep Miguel Vega Alvear.

“Él como defensor de su labor sindical y yo desde mi posición empresarial buscamos la conciliación y armonía de ambos sectores porque sentíamos que, en ese entonces, el Gobierno era un factor perturbador”, rememoró. Huilca, incluso, participó días antes de su muerte en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) a la que llevó su propuesta de impulsar un gran acuerdo nacional sobre temas de trascendencia para el país.

EN LA MIRA DE SENDERO

Estos hechos, entre otros, lo habrían puesto en la mira del terrorismo. “Ellos (Sendero Luminoso) lo consideraban un traidor a la clase obrera”, reseña el periodista Ricardo Uceda, autor del libro Muerte en el Pentagonito en el que recoge esta versión de un sobreviviente de la matanza en los penales. “También el propio SL lo reivindicó, lo que ocurre es que posteriormente dos testigos sostuvieron que el autor fue el Grupo Colina al que se le atribuyeron una serie de otros asesinatos; (pero) Huilca fue asesinado el 18 de diciembre, en el mes de aniversario del nacimiento de Mao Tse Tung y eso coincide…”, indicó.

En esa línea, Uceda comentó que no le sorprende la sentencia judicial absolutoria que establece que no hay pruebas que demuestren la autoría del Grupo Colina en el asesinato. “A mí no me gusta entrar al debate, simplemente publico lo que he investigado y ya después el Poder Judicial verá; (…) no han dicho que fue Sendero, aquí se trata de algo que han resuelto y me parece lógico porque no había pruebas; veo difícil que puedan ser juzgados nuevamente, nadie puede ser juzgado dos veces”, añadió.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su página 636 también recoge el testimonio reservado de un senderista que identificó a los senderistas Eduardo Tello Cortez alias ‘camarada Omar’, como mando militar de la acción, y a Rocío Leandro Melgar ‘camarada Cusi’ como la encargada de seleccionar al contingente que cometió el crimen; la misma que años atrás fue detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90 y que cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por financiar las violentas marchas tras el golpe de Pedro Castillo.

La familia de Huilca, en tanto, ha anticipado que apelará la sentencia. Será entonces la Corte Suprema de Justicia la que diga la última palabra.

Sabía que

La pareja de Huilca, Martha Flores, reconoció a la ‘camarada Edith’ como la autora de los disparos contra su domicilio inicialmente, pero luego se desdijo y responsabilizó del asesinato al gobierno de Alberto Fujimori.

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano el pago de US$250 mil en favor de la víctima, su pareja, su hijastro y sus 5 hijos.

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