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Presidente de la Comisión de Ética: El dicho de ‘otorongo no come otorongo’ acá no va
El nuevo presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, César Gonzales Tuanama (Somos Perú), aseguró que se seguirá una línea de trabajo “igualitaria” y que si se comprueba que algún congresista ha incumplido el Código de Ética será sancionado, independientemente de la tienda política a la que pertenezca.
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El nuevo presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, César Gonzales Tuanama (Somos Perú), aseguró que se seguirá una línea de trabajo “igualitaria” y que si se comprueba que algún congresista ha incumplido el Código de Ética será sancionado, independientemente de la tienda política a la que pertenezca.
“El dicho que se indicaba antes de otorongo no come otorongo, acá no va a ir. Si alguien ha incumplido o ha transgredido el Código de Ética, tiene que ser sancionado en la gradualidad que corresponda, desde el llamado de atención hasta la suspensión”, dijo en entrevista con este Diario.
Este jueves Gonzales Tuanama fue elegido formalmente como presidente de la Comisión de Ética. Lo acompañarán en la Mesa Directiva la legisladora Mirtha Vásquez (Frente Amplio), en calidad de vicepresidenta; y la parlamentaria Tania Rodas (Alianza para el Progreso), como secretaria.
Gonzales reconoció un retraso en la conformación de la comisión e indicó que espera que “esto sea subsanado” en la medida en que se vaya revisando los casos. En ese sentido, aseguró que se abordarán de oficio aquellos que ya son de conocimiento público, si es que no se presentan denuncias formales.
Entre ellos, el que involucra al propio presidente del Parlamento, Manuel Merino, tras conocerse que familiares suyos contrataron con el Estado cuando era legislador entre 2011 y 2016.
“Vamos a poner énfasis en el trabajo contundente y sobre todo en una muestra hacia la población, hacia los peruanos, de que este Congreso es distinto”, acotó.
En ese sentido, se dirigió a sus colegas parlamentarios e indicó que “el que nada debe, nada teme” y remarcó que se respetará “los apremios constitucionales”, como el debido proceso y el derecho de defensa.
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