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Presidente del PJ: El Congreso no puede abrir investigación “por chismes”
En la Comisión de Constitución, por el caso JNJ, Javier Arévalo negó haber recibido presión para sacar un comunicado a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
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En la Comisión de Justicia, a la que fue citado para declarar por el caso JNJ, el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló que el Congreso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ni la Fiscalía “pueden abrir investigaciones por chismes”.
Arévalo negó además que haya sido presionado por algún miembro de la JNJ para sacar un comunicado en contra de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“Acá se abre una investigación a cualquiera por el dicho de lo que salió en algún periódico; eso es un chisme...Señores congresistas, a mi nadie me ha presionado, y cuando digo ‘a mi nadie me presiona’, es una forma gramatical de expresarme”, aseguró.
Al inicio de la sesión, Arévalo reveló que la convocatoria a las dos sesiones a la sala plena nació con una convocatoria por Whatsapp solicitada por el juez supremo Ramiro Bustamante.
Tal como lo confirmó el juez supremo César San Martín a Perú21, las dos reuniones para debatir la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se realizaron el 28 de junio y 3 de julio.
Según Arévalo, ese 3 de julio, se decidió no sacar el comunicado a través de una votación, como lo ha corroborado San Martín a este medio.
“Ese día se acordó no tomar una decisión, y se publicó un tuit. A partir de ese momento, se van a comenzar a producir una serie de especulaciones que han llevado a esta investigación. Y, me permito pedirle disculpas de antemano para decir que el Congreso, la Junta Nacional de Justicia ni la Fiscalía pueden abrir investigaciones por chismes”, señaló el titular del Poder Judicial.
Como se recuerda, la Comisión de Justicia investiga “por causa grave” a los siete miembros de la JNJ por cinco imputaciones: sacar un comunicado en favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos cuando el Parlamento evaluaba una acusación constitucional en su contra; la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie sobre el mismo tema; la permanencia de Inés Tello en la JNJ pese a haber superado el límite de edad de 75 años; la filtración de información reservada de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y la no presentación de su informe anual ante el Congreso, tal como lo exige la Constitución.
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