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Esto significa la prohibición de la reelección inmediata de congresistas
La modificación constitucional, de ser aprobada, obliga a una renovación completa, cada cinco años, de los parlamentarios.
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Los parlamentarios son de los pocos elegidos por el voto popular que sí están facultados de reelegirse de manera indefinida. En los últimos años, la labor de varios de ellos ha desprestigiado a la institución. Por ello, un gran sector está de acuerdo con un cambio radical.
Es la reforma con la que la mayoría está de acuerdo, pese a que ex congresistas y expertos consideran que con ello se pierde experiencia. El grueso de los actuales congresistas se ha ganado a pulso su rechazo. El desprestigio viene de mucho antes, pero se profundizó con el actual Parlamento.
Según las cifras de Datum, que publicó Perú21 a fines de setiembre, el 74% votará por impedir la reelección continua. En julio de este año conocimos que los ciudadanos, a nivel nacional, le ponían una nota de 06 al Congreso y el 75% lo desaprobaba.
Sumado a ello, los legisladores son los únicos altos cargos públicos elegidos por voto popular que sí pueden reelegirse. Pasa lo contrario con el presidente de la República, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales.
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Quienes están en contra de la reforma aseguran que los congresistas no manejan presupuesto para ejecutar obras como los otros cargos mencionados en el párrafo anterior, y que impedir la reelección ocasionará que los representantes del país pierdan expertise.
Quienes están a favor aseguran que es un trato diferenciado injustificado que unos cargos de elección popular puedan reelegirse y otros no. Además, refieren que la experiencia parlamentaria puede ser usada, también, en beneficio del país desde sus propios partidos políticos y no necesariamente a través de un escaño.
Actualmente, no es que la Constitución permita la reelección indefinida de parlamentarios; lo que sucede es que en ella no existe una disposición sobre este tema. Al no contener prohibición, se interpreta que sí están autorizados para postular y ser elegidos en periodos sucesivos, sin restricciones.
Ha sido de esa forma que muchos legisladores han ocupado escaños en varios periodos, sin descanso. Por ejemplo, Mauricio Mulder, del Apra, fue elegido congresista en 2001 y postuló con éxito para reelegirse en 2006, 2011 y, ahora último, en 2016. Pero su colega de bancada Javier Velásquez Quesquén será el único que, al finalizar el periodo parlamentario actual, cumplirá 25 años ininterrumpidos en la plaza Bolívar.
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En el caso de Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, fue diputado en 1985. En 2006 volvió al Parlamento y ha sido reelegido en 2011 y también en las últimas elecciones de 2016.
La fujimorista Luz Salgado obtuvo una curul en 1992, durante el gobierno de Fujimori. Desde ahí, salvo un periodo en el que fue desaforada, siempre conservó su escaño.
La no reelección también afecta a legisladores primerizos de reconocida labor en el actual Congreso, como Gino Costa, Alberto de Belaunde, Gloria Montenegro, Marisa Glave, entre otros. Sin embargo, son más los malos ejemplos, los cuales, por las cifras de las encuestas, dan a entender que la población está de acuerdo con impedir la reelección sucesiva.
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MALOS CONGRESISTAS
Si enumerásemos todos los casos de congresistas que han tenido un mal desempeño, no podríamos terminar esta nota. Vamos a destacar solo algunos casos.
Si enumerásemos todos los casos de congresistas que han tenido un mal desempeño, no podríamos terminar esta nota. Vamos a destacar solo algunos casos.
En el actual Parlamento, ya hay uno que está preso y es Benicio Ríos, ex legislador de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), quien postuló representando a Cusco. El Poder Judicial lo sentenció a siete años de cárcel por la comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado cuando fue alcalde de Urubamba.
Edwin Donayre, también de APP, ha sido condenado por el gasolizano a cinco años y seis meses de prisión efectiva. Empero, y a pesar de la insistencia del Poder Judicial para procesarlo, el Congreso sigue pateando su caso.
En Fuerza Popular (FP), al ser una bancada grande, el número de legisladores con líos judiciales o éticos es, asimismo, considerable. Uno de ellos es Moíses Mamani, quien, además de supuestamente haber consignado datos falsos en su hoja de vida, fue denunciado por tocamientos indebidos a una aeromoza. Este sábado, el Pleno del Parlamento tomaría una decisión, ante la recomendación de la Comisión de Ética de suspenderlo por 120 días.
También está el caso de Betty Ananculi, denunciada por falsear datos de sus estudios. Por ello, el Poder Judicial ha pedido que se le levante la inmunidad parlamentaria.
También está el caso de Betty Ananculi, denunciada por falsear datos de sus estudios. Por ello, el Poder Judicial ha pedido que se le levante la inmunidad parlamentaria.
En tanto, Yesenia Ponce, luego de un largo blindaje fujimorista, fue suspendida por 120 días del Congreso el 23 de agosto por recomendación de la Comisión de Ética, luego de comprobarse que mintió respecto a sus estudios, pues sus compañeros de colegio y profesores simplemente no existían.
En este resumen no podía faltar Tamar Arimborgo, quien dijo que si existen crímenes de odio, pues también deberían existir los “crímenes de amor”; ni Leyla Chihuán, quien sostuvo que su sueldo de S/15,600, para el ritmo de vida que lleva, sencillamente no le alcanza.
En la izquierda también vemos casos lamentables, como el de María Elena Foronda, del Frente Amplio, quien dio trabajo en el Parlamento a una condenada por terrorismo. En el Apra, Elías Rodríguez se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia del Congreso luego de que Perú21 detectara escandalosos casos de plagio.
CASOS ANTERIORES
Hay un extenso etcétera de legisladores cuestionados en épocas anteriores. Uno es Michael Urtecho. Desaforado en 2013 tras apropiarse del sueldo de sus trabajadores, también se le acusó de retener donaciones de una ONG de discapacitados. Afronta un juicio oral desde el año pasado y se le acaba de incautar un edificio valorado en más de S/1 millón, el cual habría sido construido con dinero ilícito.
Hay un extenso etcétera de legisladores cuestionados en épocas anteriores. Uno es Michael Urtecho. Desaforado en 2013 tras apropiarse del sueldo de sus trabajadores, también se le acusó de retener donaciones de una ONG de discapacitados. Afronta un juicio oral desde el año pasado y se le acaba de incautar un edificio valorado en más de S/1 millón, el cual habría sido construido con dinero ilícito.
Podríamos mencionar también los casos de Alejandro Yovera, Elsa Canchaya, José León, Walter Acha, el ‘Comepollo’, el ‘Comeoro’, la ‘Robacable’, el ‘Mataperro’, y más recientemente lo ocurrido con los denominados ‘Avengers’ de Kenji Fujimori... Pero la lista es interminable.
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