Pase lo que pase, el ministro del Interior subirá al avión y se irá de país. Ni las denuncias por corrupción en su contra, ni el allanamiento fiscal a su vivienda, ni el estado de inseguridad que vive el país, nada impedirá que deshaga sus maletas. Juan José Santiváñez aseguró que no suspenderá su viaje a Bélgica y Países Bajos, para participar de la Reunión Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y la Unión Europea (UE).
“El viaje no se interrumpe. El viaje a Bruselas es una invitación porque es una reunión de todos los ministros del Interior. Nos reunimos para establecer protocolos y mecanismos de lucha contra la criminalidad internacional”, indicó esta mañana el bastante cuestionado ministro, quien fue autorizado por el Gobierno para estar en estos eventos a realizarse entre el 3 al 9 del presente.
Extrabajadores de Santiváñez narran una poca conocida alianza comercial, un pacto político y un ilegal acto que rompió por un tiempo la sociedad de los ministros de mayor confianza de Dina Boluarte.
La resolución suprema extraordinaria fue emitida solo apenas después de conocerse una denuncia periodística en la que dos testigos protegidos acusaron al titular de Interior de haber cobrado sobornos a sus clientes cuando ejercía la abogacía.
Mientras Santiváñez justifica su viaje y prefiere irse del país y aliviarse de los momentos complicados que afronta, para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, “no es el momento adecuado” para que el titular del Interior deje el Perú, a pesar de lo relevante que representa el evento internacional.
“Por la magnitud de las denuncias que tiene, la situación tan patética que estamos viviendo a nivel de inseguridad ciudadana e inclusive la posibilidad de una moción de censura en su contra en el Congreso, me parece que no es el momento adecuado para que el señor ministro salga del país y sería mejor que sean otras autoridades del Ejecutivo los que nos representen en ese evento”, indicó Valdés a Perú21.
A diferencia de lo que aseguró Santiváñez de que su presencia en La Haya y Bruselas es obligada en vista de que se firmará un pacto transnacional de lucha contra las organizaciones criminales, el exviceministro considera que el titular del Mininter podría participar y hacer su exposición de manera virtual como ya ha sucedido anteriormente.
“La cancillería tiene gente especializada en temas de seguridad, los viceministros también pueden viajar para asumir un rol ya de coordinación política a más alto nivel y ser apoyado por los representantes de la cancillería en Europa. La cancillería tiene gente especializada en temas de seguridad”, señaló.
Valdés ha reconocido la importancia de los eventos en La Haya y Bruselas, pero reiteró que dada la difícil coyuntura del país y del propio ministro lo saludable hubiera sido que Santiváñez se quede en el país.
“Hay una agenda interesante que tiene que ver con la criminalidad transnacional y con la posibilidad de establecer coordinaciones entre los distintos ministerios de interior y policías de América Latina. La participación del país es relevante en estas circunstancias en las que, además, hay recorte de fondos por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, en la lucha contra la trata de personas, en la lucha en general contra las economías criminales, pero en esta coyuntura sería mejor que el ministro no viaje”, reiteró el exviceministro.
GRAVE DENUNCIA
Una norma publicada en el diario oficial El Peruano la noche del domingo y firmada por la presidenta Dina Boluarte, autorizó a Santiváñez a viajar a estos dos eventos. La resolución se hizo pública tras una denuncia revelada por el programa Cuarto Poder.
El dominical accedió a las declaraciones de dos testigos protegidos que acusan al hoy titular del Mininter de haber cobrado sobornos a sus clientes, antes de ser ministro y cuando ejercía la abogacía, para ‘arreglar’ ilegalmente sus problemas judiciales. Han revelado nombres, montos y fechas. Además, han presentado audios y videos que lo involucrarían directamente.
Entre los beneficiados por Santiváñez estaría un capitán de la Policía Nacional vinculado al escándalo de El Escuadrón de la Muerte y un exgeneral de la Policía investigado por la Fiscalía Anticorrupción y el fuero militar por compras millonarias en plena pandemia.
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