La sonrisa se le borró de un plumazo. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó la controvertida sentencia exprés dictada por el juez Juan Carlos Núñez Matos, que anuló las tres investigaciones fiscales en contra del congresista José Luna Gálvez, al declarar improcedente la demanda de Habeas Corpus que interpuso el dueño de Podemos Perú. Con esta decisión judicial el parlamentario seguirá siendo investigado por lavado de activos, organización criminal y pago de sobornos.
Se vio obligado a renunciar al premierato ante su inminente censura por parte del Congreso por su incapacidad y falta de liderazgo para atender temas como la inseguridad ciudadana y la crisis en Pataz.
Luna pretendía con esta Habeas Corpus anular las tres carpetas fiscales en su contra y lograr que dos fiscales se abstengan de seguir investigándolo, alegando que el Ministerio Público violó el antejuicio político, una figura que impide procesar penalmente a congresistas durante cinco años por delitos cometidos en funciones.
Cuatro días después de presentada la demanda, el juez Núñez Matos la admitió y le dio trámite inmediato. Dos meses después, le dio la razón al parlamentario, anulando las carpetas fiscales en su contra. Para la Fiscalía, la decisión del magistrado es indignante, pues, los delitos no ocurrieron durante su labor parlamentaria y, por lo tanto, deberían ser investigados penalmente.
Pero a Luna se le volteó la tortilla. En sus consideraciones la sala ha indicado que la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados como delito para recabar la prueba al momento de formalizar acusación es un asunto específico que le compete al Ministerio Público. Por consiguiente, señala que tales atribuciones escapan del ámbito de la jurisdicción constitucional; al pretender anular esas pesquisas a través de un Habeas Corpus. Es por ello no es facultad de esta sala analizar la validez o invalidez de las decisiones fiscales expedida.
Con esta decisión el líder de Podemos seguirá siendo investigado por tres casos: el primero vinculado a su universidad Telesup, que transfirió S/180 mil a la cuenta del fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre 2013 y 2015. El dinero habría provenido del esquema de corrupción del caso Lava Jato.
Una segunda carpeta fiscal lo involucra en la transferencia de S/912 mil, también desde Telesup, al exconsejero del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera Ramos, actualmente detenido en Roma. Noguera era señalado como miembro de la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La tercera investigación señalaba a Luna como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Gánster de la Política”. Según la tesis fiscal, habría pagado grandes sumas a tres consejeros del CNM para colocar a un presidente de la ONPE afín a sus intereses, facilitar la inscripción de su partido político y favorecerlo en elecciones.
Luna también había solicitado que los fiscales Carlos Puma y Sara Francia —a cargo de las investigaciones— sean apartados por una supuesta “vulneración al debido proceso”. El juez también falló a su favor.
Este no es el único fallo polémico de Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. En 2024, también suspendió investigaciones fiscales, mediante una medida cautelar, en favor del investigado por narcotráfico Miguel Arévalo, alias “Eteco”.
DE SECRETARIO A JUEZ
Para septiembre de 2023, Núñez Matos se desempeñaba como especialista legal del Décimo Sexto Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, es decir, una suerte de empleado judicial y mandadero del magistrado titular del juzgado. Anteriormente se les denominaba secretarios judiciales.
Pero para noviembre de 2023, María Vidal La Rosa, expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, separada del cargo por sus vínculos con el preso Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, lo nombra juez supernumerario del Noveno Juzgado Constitucional de Lima. Previamente lo había colocado unos días como juez supernumerario del Trigésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima.
Según el reglamento de organización y funciones del Poder Judicial, un Juzgado Constitucional es un órgano jurisdiccional especializado que se encarga de conocer y resolver procesos relacionados con la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Pasó un mes, y María Vidal decidió reasignar a Nuñez al Segundo Juzgado Constitucional, pero desde el 18 de diciembre de 2023. Tiempo suficiente para que se pronuncie unos tres días antes en un polémico caso de corrupción.
CASO PEDRO CASTILLO
Núñez emitió un fallo —el 15 diciembre de 2023— que anuló la prisión preventiva de 30 meses contra el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. La decisión se basó en un recurso de habeas corpus, argumentando que se vulneraron derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la medida, y posteriormente, la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó la resolución de Núñez, manteniendo la prisión preventiva y poniendo a buen recaudo la investigación penal.
Medina está siendo investigado por organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, en el marco del Caso Anguía, vinculado al expresidente Pedro Castillo.
CASO ETECO
En febrero de 2024, Núñez ya ocupaba el Primer Juzgado Constitucional de Lima. Desde allí concedió una medida cautelar —en marzo de 2024— a favor de Miguel Arévalo Ramírez, conocido como ‘Eteco’, un empresario investigado en el pasado por tráfico ilícito de drogas.
Esta decisión —tomada desde el Primer Juzgado Constitucional— limitó la acción del Ministerio Público, suspendiendo actos de investigación como citaciones a testigos en el caso de lavado de activos. Sin embargo, la Procuraduría del Ministerio Público apeló la medida, argumentando que existen hechos nuevos que justifican la continuidad de la investigación. Aunque la investigación no está archivada, no se conoce de diligencias en curso.
El 6 de enero de 2025, la titular de la Corte Superior de Lima, Miluska Cano, reafirmó a Nuñez en el Primer Juzgado Constitucional. El 20 de enero, el dueño de Podemos presentó un habeas corpus para librarse de las investigaciones. Cuatro días después, Núñez admite la demanda y, con suma celeridad, el 24 de abril, dispone que la Fiscalía archive los tres casos de José Luna Gálvez.
RIESGOS
El abogado penalista Andy Carrión advirtió que, a la fecha, hay una alta provisionalidad de jueces en el Poder Judicial. “Si nombran a jueces provisionales o supernumerarios, que es otro término con el que se les conoce, es normalmente usual que las influencias, presiones o intereses externos puedan causar mella y eventualmente se tomen decisiones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque no necesariamente quieren hacer una carrera judicial. Entonces, el riesgo de que jueces provisionales tomen decisiones que no necesariamente se ajustan a derecho es alto”, subrayó.
En ese contexto, dijo a Perú21 que analizó la sentencia de Núñez Matos, y determinó que “no hubo ningún motivo jurídico válido” para que se hayan anulado las tres carpetas fiscales contra Luna Gálvez, por lo que sostuvo que, con miras a futuro, deben establecerse “directrices claras que promuevan una conducta ética de los eventuales jueces provisionales”. “Caso contrario, vamos a estar frente a situaciones similares”, puntualizó.
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