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Por apropiarse de dinero asignado para la semana de representación congresal

Salaverry fue sentenciado a ocho años de prisión

La pena impuesta a Daniel Salaverry por el Poder Judicial queda en suspenso hasta que una sala superior se pronuncie.

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Daniel Salaverry
Con la soga al cuello. Debe esperar nuevo pronunciamiento.

Fecha Actualización

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó ocho años de prisión para el excongresista Daniel Salaverry por apropiarse de fondos destinados al cumplimiento de sus actividades de semana de representación. La pena se ejecutará si es confirmada por una instancia superior. 


La tarde de ayer, el tribunal encabezado por la jueza Norma Carbajal adelantó el fallo en contra del también excandidato presidencial, es decir, resumió los fundamentos jurídicos que sustentan la sentencia. En ese contexto, indicó que Salaverry Villa no solo incumplió con su deber de realizar sus actividades de representación, sino que se apropió de más de S/ 10,000 que la Dirección General de Administración del Congreso le asignaba para estos fines, beneficiando también a sus tres asesores.

 Según la magistrada, las semanas de representación que Salaverry delegó a sus colaboradores fueron las comprendidas entre enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017. También entre enero, febrero y marzo de 2018 e incluso, habría falsificado los informes de rendición de cuentas que estaba obligado a presentar al Congreso luego de estas jornadas con fotos de actividades pasadas para simular actividades recientes.

CINCO AÑOS INHABILITADO

Entre las medidas que se le impusieron a Daniel Salaverry están el pasar por un control biométrico los primeros días de cada mes, el impedimento de ausentarse de su lugar de residencia sin permiso judicial, concurrir a todos los llamados de los jueces y fiscales bajo apercibimiento de revocar la suspensión de la sentencia, es decir, de darle prisión efectiva.

 También se le inhabilitó para el ejercicio de la función pública por cinco años y se fijó en S/ 119,577 el monto de la reparación civil que deberá abonar al Estado. 

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