Han sido casi tres meses los que el sistema de justicia se ha mantenido atado de manos por no poder aplicar la detención preliminar en casos de no flagrancia. Este debilitamiento fiscal ha permitido librarse del encierro temporal a personas pasibles de esta medida cautelar.
El Legislativo afronta una nueva prueba de fuego. Tras la presión pública por la detención preliminar, ahora deberá decidir si avanza con la fiscalización de las ONG o cede ante denuncias de injerencia extranjera.
El mismísimo entorno presidencial, sobre todo, se vio beneficiado y el investigado Fredy Hinojosa, el vocero de Dina Boluarte pudo salvarse de los 10 días de detención preliminar que había solicitado contra él un fiscal por el caso Qali Warma.
Palacio también respiró aliviado con otro de sus funcionarios investigados, hoy ya fuera de las esferas ministeriales: Julio Demartini, quien en este contexto se libró de la detención preliminar por este mismo caso de los alimentos malogrados.
Hinojosa es el símbolo de esta irresponsabilidad nacida en las curules congresales, donde decenas de legisladores, y los de su entorno también, tienen investigaciones abiertas, muchos por actos de corrupción, antes de ser electos.
La inacción a la que fue obligada la justicia con esta inicial derogatoria provocó, además, que un juez de Huaura libere a una banda de extorsionadores que venía cumpliendo detención preliminar.
Aunque no reparará el daño hecho a la justicia peruana, los parlamentarios, empujados más por la presión que el arrepentimiento mismo, restituyeron la noche del jueves esta medida en caso de no flagrancia.
Al tratarse de un dictamen aprobado por insistencia la tarde de ayer el presidente del Congreso remitió al Ejecutivo esta ley que debe ser oficializada en las próximas horas en el diario oficial El Peruano.
Apenas entre en vigor esta ley se podrá detener preliminarmente a implicados en delitos de corrupción, secuestro, asesinato, violación y otros, así no hayan sido sorprendidos en flagrancia.
Igual, el aparato de justicia sintió el golpe y en estos tres meses muchos investigados por corrupción, lavado de activos y otros delitos que pudieron ser detenidos preliminarmente aprovecharon para fugarse y estar lo más lejos posible del alcance de la justicia.
Para el penalista Andy Carrión la restitución de esta norma instalaría otra vez el temor en las altas esferas del Gobierno.
“Hay funcionarios de este gobierno que se han salvado de la detención preliminar a raíz de la derogatoria de esta norma, pero ahora que está restituida, creo que va a comenzar el temor nuevamente. Pero como la ley procesal rige a partir de su vigencia, entonces recién desde ahora si la fiscalía identifica un peligro de fuga u obstrucción a la justicia, recién va a poder solicitar este tipo de medida, incluyendo algunos funcionarios o altos funcionarios de este gobierno”, dijo a Perú21.
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