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Secretario de Transparencia: “Hay que aplicar la ley por igual, sin ningún tipo de blindaje”
Para Iván Lanegra cualquier funcionario público que incurra en faltas debería ser separado del cargo, ello a raíz de la posible suspensión de 120 días para las congresistas ‘mochasueldos’: Magaly Ruiz y Heidy Juárez.
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¿Comienza la purga de los congresistas ‘mochasueldos’?
Más que hablar de purga yo diría que hay que aplicar las normas vigentes en el país, que son aquellas que sancionan conductas reñidas con la ética, pero que son las que sancionan eventuales delitos. En este caso, estamos hablando de las dos cuestiones. Por un lado, la suspensión está vinculada al incumplimiento de los deberes de los congresistas, pero también la posibilidad de un delito de corrupción, pero eso, desde luego, ya no sería competencia del Congreso, sino del Ministerio Público. En todo caso, la aplicación de la ley por igual sin ningún tipo de blindaje es lo que uno esperaría.
El primer caso fue el de Michael Urtecho, para él se pidió el desafuero y la inhabilitación.
Eso implicaría un proceso un poco más largo, independientemente de las situaciones penales que pueda existir. En estos casos se debería de tener un procedimiento más ordenado. Lo que suele ocurrir es que los propios mecanismos internos del Congreso alargan estas situaciones, no existen procesos céleres y, por otro lado, en los casos donde existe cierto peso político, se aprovechan de ello para obtener una sanción muy leve o ninguna sanción. Ese es un problema estructural del Congreso porque viene de casos que se han visto en el pasado, donde congresistas han pasado.
¿Deberían cambiar los procedimientos para que se sancionen de manera ejemplar?
Sería una aplicación hacia adelante hacia otros casos, pero es cierto, lo ideal sería sancionar de manera ejemplar y que se tipifique de manera más clara estas conductas. En segundo lugar, hay que reducir los incentivos que tienen los congresistas, como no tener la capacidad de designar personal en el Congreso, si es el caso de un asesor, eventualmente. Debería ser exigido que estas personas ingresen por concursos. En todo caso, algún tipo de asesoría pero a nivel de bancada no de cada congresista. En donde se requiera mayor número de personal, estos deberían ser a través de cargos meritocráticos, por concursos públicos en puestos permanentes.
¿Cuál es la medida ejemplar? ¿Basta con la suspensión?
Cualquier funcionario que cometa un delito debería dejar el cargo. Ahora, en los casos en los cuales hay investigaciones, hay presunción de inocencia; pero en algunos otros, la persona por lo menos debería ser suspendida. Sobre todo para que no ejerza influencia política y pueda dificultar las investigaciones. Deberían ser casos donde exista algún pronunciamiento de alguna autoridad importante, por ejemplo, alguna primera instancia del Poder Judicial. De hecho, recordarán ‘Los Niños’ con el pedido para que sean suspendidos, pero no ocurrió. En realidad eso debió haber pasado. Si hay evidencias suficientes que apunten a un delito, deben ser suspendidos en tanto no culmine el proceso de investigación.
¿Qué le parece el desempeño de la Comisión de Ética?
Lo que se dice que pasa en Ética es una verdad a medias, sí, es cierto que la comisión tiene una carga importante y recursos limitados, pero ese no es el problema principal. El problema central son los acuerdos políticos de los cuales depende la propia congresista que preside esta comisión. Como digo, ha pasado lo mismo en congresos anteriores con muy poco margen de acción.
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