En nuestro país hay cerca de 1,800 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que pueden recibir fondos de países extranjeros para operar en el Perú.
La gran mayoría de ONG se caracterizan por ser entidades privadas que usan dinero público para, en teoría, tener objetivos sociales y humanitarios que generen el bienestar de las comunidades. Una misión que hoy es cuestionada.
Al año, el Estado peruano solo puede fiscalizar al 10% de las ONG. Es decir, cerca de 1,600 organizaciones que operan en nuestro territorio no pueden ser controladas debidamente por APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional).
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APCI es un organismo estatal que tiene, entre sus principales funciones, supervisar a los programas, proyectos y actividades ejecutados por las 1,800 organizaciones no gubernamentales que están inscritas en sus registros. En simple, observar que el dinero se use correctamente para los fines sociales.
Todos esos datos reveladores los ha dado Antonio González Norris, quien fue jefe de APCI durante cinco años y medio (2018 - 2023): “El control es aleatorio, depende de los criterios técnicos, cantidad de recurso, nivel de pobreza de la región (donde funciona la ONG) y si la organización tuvo alguna denuncia”.
González dice que las organizaciones restantes (¡el 90%!) entregan sus declaraciones con los gastos que realizaron. Es precisamente aquí dónde la situación empeora. Porque hay muchas ONG que han presentado documentos falsos para justificar el dinero usado.
LISTA NEGRA
Todas esas graves faltas figuran en el Registro Único de Sanciones de APCI. Hay cerca de 1,500 casos, registrados desde enero de 2009 a enero de 2024. No es poca cosa si se tiene en cuenta que solo se ha fiscalizado al 10% de las ONG.
Los primeros de la lista son una organización conocida porque estuvo involucrada en el famoso ‘Baguazo’, esa tragedia nacional que enlutó al país en junio de 2009 y que tiñó de sangre los montes y ríos de la provincia de Bagua en Amazonas.
Fue un conflicto social entre el gobierno peruano y los indígenas, azuzados por la ONG Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). El enfrentamiento conmocionó al país y desgració a 33 familias: 10 indígenas y 23 policías murieron. El mayor de la policía Felipe Bazán desapareció y su familia lo sigue buscando hasta hoy.
El conflicto fue una respuesta a los decretos legislativos del gobierno de Alan García que permitían la explotación de recursos naturales en territorios que los indígenas reclamaban como propios, los que gracias al dinero de AIDESEP organizaron una protesta con una clara posición política. Una función que no le corresponde a una ONG.
UÑAS LARGAS
Ese mismo año 2009, APCI fiscalizó los movimientos financieros de AIDESEP. Lo encontrado fue preocupante. Presentaron documentos falsos para conseguir la inscripción de su organización, falsearon la actualización de los registros y fraguaron documentos que los benefician con la devolución de impuestos. Pero hubo más.
No quisieron presentar su proceso de fiscalización interno, tampoco la documentación que sustentaba sus fuentes de financiamiento. Las investigaciones posteriores detectaron el desvío de por lo menos US$130 mil hacia cuentas personales de directivos de dicha ONG.
Para el exjefe de APCI, Antonio González, la única manera de hacer una fiscalización a todas las ONG es, primero, con una decisión política firme y, segundo, con plata. “Si se puede, con las normas actuales, se puede supervisar a todas las ONG registradas que declaran y ejecutan acciones de cooperación. Que se le pida a APCI un plan y que se le dé los recursos correspondientes”.
APCI tiene un presupuesto anual de aproximadamente 12 millones de soles. El cálculo de González es que se necesita por lo menos dos millones de soles más para evaluar a todas las ONG y, así, puedan cumplir su rol social para alejarse de ese tufillo político e ideológico que ha terminado contaminando toda buena intención.
TENGA EN CUENTA
- Desde la Comisión de Relaciones Exteriores se redactó un dictamen que busca
transparentar los fondos del extranjero obtenidos por organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
Para ello, se dotará de mayores funciones a la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional y se agregará a nuevos actores, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Contraloría.
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