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Terrorista del MRTA cobrará US$105 mil del Perú por orden de la Corte-IDH
Gladys Espinoza denunció ante la organización supranacional que fue víctima de violación sexual y tortura en una instalación policial durante 1990.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado Peruano a pagar, como reparación económica, US$105,000 a la sentenciada por terrorismo Gladys Carol Espinoza Gonzales, quien denunció ante la organización supranacional que fue víctima de violación sexual y tortura en una instalación de la Policía Nacional cuando fue detenida en la década de 1990.
Según informó el diario Correo, la Corte IDH acogió la acusación planteada por la defensa legal de Espinoza Gonzales, quien fue condenada a 25 años de prisión por haber integrado las filas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Gladys Espinoza Gonzales fue capturada en 1993 por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) junto al emerretista Edwind Salgado Castilla. En su poder, de acuerdo a la sentencia judicial, se hallaron 16 cartas extorsionadoras a nombre del MRTA; 12 hojas membretadas con el logo del grupo subversivo; una granada de guerra y un distorsionador de voz.
A raíz de ello, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema condenó a Espinoza Gonzales a 25 años de cárcel en noviembre de 2004. Precisamente, por este fallo, la Corte-IDH cuestionó la actuación de los jueces José Lecaros Cornejo, Hugo Molina Ordóñez (ya fallecido), Pastor Barrientos Peña y el ex magistrado Eduardo Palacio Villar, por no haber investigado la denuncia que hizo la sentenciada por terrorismo respecto a las torturas y violación sexual que sufrió durante su detención en una instalación de la Policía Nacional.
El tribunal supranacional ordenó que "en un plazo razonable" se abra un proceso indagatorio, a fin de identificar a los agentes policiales que abusaron de la terrorista del MRTA.
Asimismo, la Corte-IDH informó al Perú que la terrorista Mónica Feria, quien perteneció a las filas de Sendero Luminoso, ha solicitado un pronunciamiento de esa instancia acerca de las consecuencias de la sentencia judicial en el 2014, que declaró nulo el proceso que se le siguió con jueces sin rostro, además de ser sometida a un nuevo juicio.
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