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Caso Cocteles: Fiscal Vela responde al pedido de archivamiento de defensa de Keiko Fujimori

El fiscal Rafael Vela dijo que el recurso presentado por Giulliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, en el Tribunal Constitucional (TC), “puede perfectamente afectar el desarrollo del juicio oral” contra ella.

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Fecha Actualización
A pocas horas de conocerse la admisión de un recurso de agravio constitucional en el Tribunal Constitucional (TC), presentado por la defensa de Keiko Fujimori para archivar el caso Cocteles, el fiscal Rafael Vela dijo que lo que se busca es que “el juicio oral no continúe”.
“Es parte de la estrategia, de evitar que el juicio oral no continúe. Es perfectamente posible. Nosotros hace una semana estábamos lidiando con la posibilidad de ser suspendidos en nuestros cargos —el fiscal Pérez y mi caso—, y afectar también el desarrollo del juicio oral”, señaló Vela en RPP.
“El Tribunal Constitucional, como órgano máximo jerárquico, autónomo de la interpretación de la constitucionalidad de las leyes y que resuelve demandas de garantías, puede perfectamente también afectar lo que sería el desarrollo del juicio oral y por supuesto que es una preocupación”, sostuvo Vela.
RECURSO DE GIULLIANA LOZA
Al día siguiente del inicio del caso Cocteles, el pasado 2 de julio, se recuerda, el Tribunal Constitucional (TC) admitió el recurso de agravio constitucional presentado, un mes antes, el 19 de junio, por Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Este es el recurso de agravio constitucional presentado por Giulliana Loza.
Esto, es para anular tres resoluciones, y archivar la referida causa.
La primera resolución que Loza pide archivar es la resolución N° 35 (incidente 186), de fecha 12 de septiembre de 2022, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida, por la defensa de la beneficiaria, por el delito de lavado de activos.
Habeas corpus presentado por Keiko Fujimori.
La segunda, es la resolución N° 46 (incidente 186), de fecha 6 de octubre de 2022, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida de la defensa de la beneficiaria por el delito de organización criminal.
Y, la tercera y última, es la resolución N°110 (incidente 186), de fecha 10 de noviembre de 2023, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que dispuso dictar auto de enjuiciamiento en su contra, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Este pedido se sustenta —señala el documento— por el contenido de la resolución N° 2 de fecha 16 de mayo de 2024, notificada el 5 de junio de este año, emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia emitida mediante resolución N°4, de fecha 1 de abril de este año, que declaró infundada la demanda de habeas corpus.
“A consecuencia de ello, se declare la nulidad de todos los actos precedentes del citado proceso desde el inicio de las diligencias preliminares llevadas a cabo en la carpeta fiscal N° 55-2017 (acumulada carpeta fiscal 80-2017 y 12-2016)”, es la petición final de Loza, escrita en el documento.
Según pudo confirmar este diario, aún no hay fecha de audiencia en el TC para ver dicha causa impugnatoria.
CASO COCTELES
De otro lado, el próximo lunes 22 se reanudará la quinta audiencia del juicio del caso Cocteles, que investiga el Tercer Juzgado Penal Nacional de Lima.
El pasado martes 16, fue la última audiencia.
Perú21 informó que lo que más llamó la atención de ese día es que no se presentó la defensa de Mark Vito.
El lunes 15, el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, anunció que Jaime Villanueva, el exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y amigo del fiscal José Domingo Pérez, será su testigo en este caso.
Esto, para demostrar que el caso “fue armado”.
El miércoles 10, el fiscal José Domingo Pérez dio a conocer que el monto de reparación civil que tendrán que pagar los 42 imputados, en caso sean declarados culpables, es de S/151 millones.
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