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Vicepresidenta Dina Boluarte en la mira de la Contraloría General de la República
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En medio de una nueva crisis ministerial, la Contraloría General de la República inició acciones de fiscalización contra la vicepresidenta Dina Boluarte por presunta omisión de información en su declaración jurada. Según una denuncia constitucional presentada ante el Congreso, Boluarte no consignó la relación de parentesco con su cuñado, un contratista del Estado.
Se trata de Alfredo Pezo Paredes, quien firmó con el Área de Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades de la CGR un contrato como docente en la Escuela Nacional de Control (ENC) por S/8,000 en el año 2021.
Al respecto, el órgano de control anunció acciones de fiscalización sobre ambas declaraciones juradas, pues Pezo tampoco dejó constancia del vínculo familiar que mantiene con la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
A través de su cuenta de Twitter, el organismo indicó que verificada la declaración presentada por el ciudadano al momento de su contratación, en setiembre de 2021, se evidencia que bajo juramento señaló “no tener impedimentos ni incompatibilidades para prestar servicios a favor del Estado”. En el caso de Boluarte, tampoco mencionó a Pezo como parte de sus parientes con grado de afinidad.
Fuentes de la entidad recordaron que, según el artículo 2.7 del anexo de la Ley 31227 que transfiere a la CGR la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, en el formato de la declaración jurada de intereses se debe precisar la relación de personas que integran el grupo familiar.
Posibles sanciones
La expresidenta del tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, fue quien presentó la acusación constitucional ante el Congreso la tarde del viernes. Tras ello, el secretario de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento (SAC), Alejandro Cavero (Avanza País), refirió a este diario que el tema “será visto con prontitud, en la medida que avancen los demás temas de la comisión”.
El constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que para que prospere la acusación se requiere de la ocurrencia de un delito. Agregó que, de admitirse, la acusación pasará primero por la SAC, luego por la Comisión Permanente y, finalmente, llegará al Pleno. “Si el Pleno la aprueba, la funcionaria podría ser destituida y puesta a disposición de la Corte Suprema, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución”, sostuvo.
Para la penalista Cecilia Madrid, se trataría del delito de falsa declaración en proceso administrativo por parte de Boluarte y Pezo. “Si la Contraloría corrobora la falsedad, puede remitir la información al Ministerio Público para la denuncia correspondiente. El delito en cuestión es sancionado con una pena entre 1 y 4 años de pena privativa de libertad según el artículo 411 del Código Penal”, refirió a Perú21.
Tenga en cuenta
Perú21 intentó obtener la versión de Dina Boluarte sobre los hechos. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta de la vicepresidenta.La Contraloría señaló que la verificación de información en las declaraciones juradas de Pezo y Boluarte “está sujeta a acciones legales posteriores”, si se llega a establecer el conflicto de intereses.“Al no informar que Alfredo Pezo es su cuñado, facilitó que este contrate con el Estado”, dijo Mónica Yaya, exfuncionaria del OSCE.
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