Más no siempre es sinónimo de mejor, aunque los congresistas de Perú Libre piensen lo contrario. En el presente periodo parlamentario, la agrupación política que dirige desde la clandestinidad Vladimir Cerrón ha presentado un rosario de proyectos de ley con la esperanza de encontrar un salvavidas a la cada vez más complicada situación judicial de su prófugo líder.
De la revisión que realizó Perú21 en la plataforma oficial del Congreso de la República, se halló que la bancada del lápiz ha presentado en total 1,878 iniciativas legislativas desde 2021, mucho más que la segunda en el ranking, Acción Popular (1,090). Son los únicos dos grupos parlamentarios que superan las mil propuestas de ley presentadas.
En cuanto a la formulación de proyectos de ley por congresista como autores principales, cuatro de los once legisladores actuales de Perú Libre están entre aquellos que han presentado más de 100 iniciativas. Ellos son Waldemar Cerrón (323), Segundo Montalvo (222), Flavio Cruz (193), Américo Gonza (149) y María Taipe (124). De los 323 proyectos de Cerrón, solo 28 han sido publicados en el diario oficial El Peruano, es decir, se convirtieron finalmente en ley.
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INTERESES AL DESCUBIERTO
¿Pero sobre qué ha buscado legislar Perú Libre? El 26 de septiembre de este año, Waldemar Cerrón formuló el Proyecto de Ley N.° 9021 que, de aprobarse, modificaría artículos del Código Procesal Penal referidos a la prisión preventiva. La iniciativa, derivada a la Comisión de Justicia al día siguiente, plantea que solo podrá dictarse esta medida cuando la prognosis de la condena sea superior a seis años de cárcel.
Vladimir, hermano de Waldemar, fue sentenciado en octubre de 2023 a 3 años y 6 meses de cárcel por el delito de colusión en el caso Aeródromo Wanka. Si este proyecto es aprobado, no podrá solicitarse prisión preventiva para aquellos investigados por delitos de estafa, colusión, patrocinio ilegal, peculado de uso o de malversación.
Días antes de formular esta iniciativa, Waldemar presentó otra que significaría también una contrarreforma del sistema de justicia. El 13 de septiembre ingresó el Proyecto de Ley N.° 8913, que haría cambios parciales a la Constitución con el fin de obligar a jueces y fiscales a dar “informes documentados” sobre procesos en curso a los congresistas en un plazo máximo de 10 días hábiles.
El proyecto contempla que, si una entidad de la administración de justicia se niega en reiteradas ocasiones a compartir la información de determinado proceso —dicho sea de paso, el dueño de Perú Libre tiene casi una veintena de procesos— u omite el pedido de los legisladores, incurrirá en “falta muy grave”. Actualmente, la Constitución señala que los parlamentarios pueden pedir informes únicamente a los ministros de Estado, al JNE, al contralor general, al BCRP, a la SBS, a los gobiernos regionales y locales, “y a las instituciones que señala la ley”.
La especial atención al desempeño judicial de los Cerrón ha sido permanente. El 21 de agosto, Waldemar presentó el proyecto de Ley N.° 8683, que modificaría dos artículos del Nuevo Código Procesal Penal y que busca limitar la labor de los jueces al plantear que únicamente puedan realizar diligencias “urgentes” que resuelvan la libertad o detención de una persona “en caso de flagrancia” si es que se ha formulado en su contra procesos de inhibición o recusación.
El mismo día también presentó un proyecto de ley que crearía una nueva comisión ordinaria en el Congreso; nada más y nada menos que la Comisión de Fiscalización de la Función de Jueces y Fiscales. En la exposición de motivos, reseña encuestas que dan cuenta de la desaprobación del Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Qué deberíamos hacer, entonces, con la desaprobación del Congreso?
La lista es larga. El 17 de julio, Waldemar presentó una iniciativa que cambiaría o añadiría términos en la tipificación de los delitos de colusión simple y agravada, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Por ambos delitos fue condenado su hermano Vladimir. De aprobarse el cambio, se imputará por colusión a quien intervino “directamente” en la adquisición o contratación pública de bienes concertando “personalmente” para ello. Del mismo modo, se acusará por negociación incompatible a quien en forma directa se interesa “tomando la decisión final” en provecho propio o de un tercero.
Es decir, casi todas las iniciativas de Perú Libre giran en torno al sistema judicial, para debilitarlo o condicionarlo. ¿Y a quién le conviene ello? Al dueño de la agrupación, Vladimir Cerrón, quien tiene muchas deudas pendientes con la justicia.
TENGA EN CUENTA
Direccionamiento. Los Cerrón intentaron acogerse a la polémica modificatoria de la Ley de Crimen Organizado para ya no ser investigados por organización criminal, pero los jueces rechazaron la solicitud. El cambio normativo fue iniciativa de Américo Gonza.
Buscan control. También plantearon sanciones para jueces y fiscales que ordenen detenciones arbitrarias a raíz de un pedido de prisión preliminar o preventiva.
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