Walter Gutiérrez: “Observo demasiado apresuramiento”

Preside la Comisión Especial para elegir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Estima que sería nefasto para la justicia apresurarse y aprobar lo relativo a la JNJ a fines de enero. Exhorta a realizar un debate alturado, donde participen todos los involucrados.

El Congreso tiene que discutir tres temas: la creación de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que usted preside y que designa a los miembros del la JNJ; las funciones de la JNJ propiamente y los siete proyectos de ley complementarios de la reforma de la justicia. ¿Es así?
Sí. Lamentablemente es un poco enredado, pero así es.

Ud. planteó observaciones al proyecto de ley sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) enviado por el Ejecutivo. ¿Por qué?
Es fundamental que haya un amplio y nutrido debate respecto de lo que tiene que ser la JNJ porque la norma plantea debates trascendentales. Ejemplo, el control de los jueces será interno o externo…

¿No está claro en el proyecto del Ejecutivo?
La norma aprobada para el referéndum está diseñada de tal manera que admite dos lecturas: que la JNJ monopoliza el control y que puede ser mixto. El sistema de control es clave porque tiene que ver con la corrupción en el sistema de justicia. Pero también es importante cómo se elige los jueces. Está relacionado con la visión: ¿cuál es el modelo de justicia que se quiere? Esto se evalúa por los estándares establecidos por el TC, o la Corte Suprema. Por ello el debate tiene que ser amplio y muy intenso.

¿No se podrá aprobar la ley para fines de enero?
No creo y sería un grave error. Las bancadas presentarán su proyecto de JNJ. Nosotros, como Comisión Especial, estamos preparando el nuestro. Hay que consensuar todo eso. Probablemente se trata de una de las normas más importantes para nuestro país. Determina cómo se nombra, controla a los jueces y cómo se expulsa a los malos jueces.

El proyecto del Ejecutivo incluye lo relativo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y lo concerniente a la Comisión Especial que elegirá a los integrantes de la JNJ. Usted ha propuesto que cada una tenga una norma…
Lo planteo por razones prácticas y legales. El artículo 106 de la Constitución indica que todo órgano que se crea por la Constitución requiere de una ley de desarrollo. Se ha creado este órgano: la Comisión Especial. Tiene, además, objetivo propio: elegir a los miembros de la JNJ. Las razones prácticas son que los artículos para la Comisión Especial no llegan a 15. Sin problema se puede sacar una norma para la Comisión en quince días. Con una sola ley para ambos organismos habría que esperar el debate de la JNJ, dos meses o más, para que la Comisión arranque. Es conveniente debatir primero la ley de la Comisión Especial.

¿Qué otras críticas tiene al proyecto del Ejecutivo?
Indica que en la designación de los miembros de la Comisión Especial, que representan a las universidades, intervienen los ministerios de Justicia y de Educación. Pero las universidades son autónomas; quien va a estar en esas elecciones es la ONPE. Varias universidades privadas con más de 50 años no tienen rector, no han terminado la certificación, y el proyecto del Ejecutivo señala que deben ser rectores. ¿Qué coordinan esos ministerios? No sabemos. Tampoco qué se entiende por coordinar.

¿Qué debería contener la ley de la Comisión Especial para comenzar su trabajo?
El Congreso debe clarificar cómo se elegirá a los miembros de las universidades, los niveles de transparencia o de veeduría para el concurso de méritos que convocará la Comisión. También cuáles son los requisitos, el período de tacha. Eso sí se puede hacer rápido y podemos adelantar el trabajo.

Pero la Comisión Especial tiene un plazo y desaparece.
Es verdad que concluida la designación de la JNJ, la Comisión se desintegra. Pero qué pasaría si mañana mueren o son vacados dos miembros de la JNJ. ¿Quién convoca a los nuevos? La Comisión debe constituirse nuevamente. El proyecto de la JNJ del Ejecutivo no lo desarrolla.

La Comisión Especial está presidida por la Defensoría, le da alguna facultad…
Preside el defensor, la integran los titulares de cada sector. Ninguna facultad, solo me da más chamba. Tengo que convocar a los integrantes; de hecho ya lo hice, aunque la Comisión Especial aún no tiene ley. Además, faltan los integrantes de las universidades. Estamos evaluando utilizar una prueba de confianza para los miembros de la JNJ. Los candidatos pasarán por un test patrimonial, prueba toxicológica hasta el polígrafo.

¿Comparte la posición de Transparencia y de políticos oficialistas de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no debe participar en la Comisión Especial porque está cuestionado, según ellos?
A mí no me corresponde calificar o descalificar a los integrantes de la Comisión Especial. El titular del cargo la integra. Esas son opiniones que no están dentro del espacio de la Comisión.

¿No cuestionará a Chávarry?
No me corresponde. La ley lo dice, tengo que cumplirla.

¿La Comisión Especial puede ir seleccionando candidatos sin saber qué se aprobará para la Junta Nacional de Justicia?
Para empezar podría convocar a sus miembros, ir recogiendo las experiencias de buenas prácticas de selección en el Estado. Podríamos avanzar en el armatoste que se va a necesitar cuando se apruebe la ley de la JNJ.

Según el Ejecutivo, la creación de la JNJ está asociada a la aprobación de siete proyectos enviados por este para la reforma del sistema de justicia.
Esos siete proyectos se basan en el ‘me parece que este modelo va a funcionar’. No se basa en casos, evidencias.

¿Pero no sirven para la creación de la JNJ?
Gran parte de esas normas podrían incluirse en la norma de la JNJ. Por ejemplo, el proyecto de la Autoridad Nacional de Integridad en el Ministerio Público. Se reclama transparencia. Tanto esta como la Autoridad de Integridad del Poder Judicial pretenden sustituir a la OCMA. Pero eso es poner la carreta delante de los caballos porque, nuevamente, hay un debate importantísimo: ¿la JNJ monopoliza el control de magistrados o lo comparte con otra institución que puede ser la OCMA?

Los miembros del Poder Judicial sostienen que el debate tiene que ser interno. ¿Qué plantea la Defensoría?
Honestamente, pienso que el control debe ser externo, pero admito la posibilidad de que sea mixto. Solo interno, no es conveniente. En un distrito judicial pequeño con cuatro jueces se genera una contabilidad de favores. El control interno puro ha fracasado.

¿Los proyectos de ley de Integridad de Fiscalía y Poder Judicial deben ser reformateados?
Es un error, los enviaron en agosto, antes de que se apruebe el referéndum, sin saber cuál iba a ser la fórmula legal que se aprobaría. Por eso están salpicados de errores…

¿Un mamarracho?
Técnicamente no consistente (ríe). No se puede discutir eso si no se aprueba la JNJ. Insisto, si esta monopoliza el control, no tienen sentido; si comparte el control con el PJ, el modelo será otro.

Se criticó que en el proyecto de ley del Consejo para la Reforma de Justicia, tenga una secretaría técnica con más poder que el consejo mismo.
Efectivamente, eso hay que corregirlo. Lo ha denunciado Gilbert Violeta y otros.

Dejemos los siete proyectos de ley. ¿Si se separa la ley de la Comisión Especial de la JNJ, como usted plantea, en cuánto tiempo puede salir la normativa de esta última?
No puedo precisarlo. La ley de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es transversal. Afectará e implicará leyes importantes, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del Ministerio Público, la de Carrera Judicial. En el proyecto del Ejecutivo, la Junta tiene cerca de 70 artículos. Eso demora.

¿Qué observaciones tiene al proyecto del Ejecutivo en lo concerniente a la JNJ?
Como le dije, la norma no se detiene en el debate central. ¿Cómo se elegirá a los jueces? Recordemos que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, que elegía a jueces, los controlaba y los separaba. En el proyecto del Ejecutivo no hay una definición de quién es el titular del control. Ese debate no aparece en el proyecto. Esto conspira contra la reforma. Tenemos a todos esos jueces cuestionados porque el control ha fallado y el proyecto del Ejecutivo no se detiene en el corazón del problema. Demasiado apresuramiento.

¿Del Ejecutivo?
Claro. ¿Cómo presentas una ley que no contempla este punto nodal?

La JNJ evaluará a los jueces a los tres y medio años y a los siete años. ¿Eso no les genera inestabilidad?
No me parece inadecuado siempre y cuando sea objetivo. Los jueces deben administrar justicia en función de la ley y los precedentes, no en función de la subjetividad de cada quien. La evaluación buscaría determinar si los jueces conocen la ley, si la aplican bien y siguen los estándares determinados por el TC, la CIDH y la Corte Suprema para ciertos casos. Eso es objetivo. Tenemos que ir a una justicia del precedente, ese el baremo, la medida. Se analizan los fallos del juez y se observa si resolvió diferente a casos anteriores. O peor, en un caso el juez ha resuelto A, cuando el TC ha dicho B. Eso es objetivo, no hay nada que discutir.

En concreto, para dictaminar prisión preventiva, el juez Concepción Carhuancho no aplicó una sentencia del TC que exige probar las imputaciones, por tratarse de una organización criminal. ¿Eso es excederse?
El fiscal Domingo Pérez cumple su papel, acusar. Pero el juez no forma parte del Ministerio Público. Hace jurisprudencia, es el equilibrio. Yo cuestiono a los jueces que no siguen los estándares. La transparencia de la justicia implica la predictibilidad. Si los jueces saben que los evaluarán así, los cumplirán. Si tengo un caso de incumplimiento de contrato, sé cómo se resolverá con base en los precedentes. Pero si cada caso se resuelve de diferente manera, no hay seguridad jurídica ni predictibilidad. Y eso es lo que está ocurriendo. No funciona el control, no hay un seguimiento de los precedentes.

¿El proyecto del Ejecutivo contempla lo del precedente?
No.

Los representantes del PJ dijeron en el Congreso que la ciudadanía participa en la vigilancia, hay veedurías…
Pero no funcionan como dicen los representantes de los órganos de control. El ciudadano tiene voz pero no voto.

¿Las sanciones están tipificadas?
No. Hay que establecer una cierta gradualidad. También tipificar las inconductas y ponerle una sanción al costado.

¿Conoce quiénes elaboraron todos los proyectos del Ejecutivo?
No. Estimo que pasaron por el Ministerio de Justicia. Había una comisión, no sé si continúa.

¿Deberíamos saber para evitar conflictos de intereses?
Es importante para saber si participaron personas vinculadas a grandes estudios que litigan. Si es así, sería preocupante. Se debió llamar a los actores, presidente del PJ, fiscal de la Nación, etc.

Este último está vetado por el Ejecutivo.
Más allá de los vetos, hay que mirar esto institucionalmente. A nosotros no nos llamaron, hubiera sido bueno conocer nuestra opinión.

El Ejecutivo plantea que el JNJ sea integrado paritariamente por hombres y mujeres.
Es discutible. Las mujeres deben participar paritariamente. Si califican mejor, deberían integrar toda la JNJ. Igual con los hombres. Meritocracia.

“LEYES APRESURADAS DEBILITAN”

Usted dijo en el Congreso que no debemos debilitar al Poder Judicial apresurándonos en aprobar la ley de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Leyes antitécnicas, apresuradas, debilitan las instituciones, particularmente la justicia. Es un poder del Estado y es un contrapoder que equilibra y corrige.

El presidente dijo que la ley de la JNJ debe complementarse con los siete proyectos que envió en agosto e insiste en que se aprueben.
Eso es errado. Estamos haciendo un arroz con mango de todo esto. Primero, debería aprobarse la ley de la JNJ y, luego, ordenar todos los dispositivos. Ejemplo, Perú tiene tres leyes procesales penales vigentes. Para un juez norteamericano, esto es surrealista. Será muy difícil que traigan a Toledo. El presidente necesita un mayor asesoramiento en este tema jurídico.

¿Hay un exceso en la aplicación de la prisión provisional y preventiva?
Sí, lo dice también la CIDH en 2017, mencionando al Perú. La Corte Interamericana tiene estándar: no puedes detener para investigar. No solo ocurre con el caso de Keiko Fujimori, Oviedo, etc. Está sucediendo con 36,000 personas. Hay un abuso de la prisión preventiva.

Con el dicho de un colaborador eficaz te encarcelan. ¿Hay abuso?
Solo diré que dos hipótesis no hacen una realidad. Lo dijo el TC, las hipótesis deben estar verificadas en un hecho objetivo, no por especulaciones.

¿Deberíamos conocer el acuerdo con Odebrecht?
En algún momento deberíamos. La Defensoría está elaborando un documento al respecto. Son acuerdos reservados, pero se difunden en los medios. Nos corresponde conocer la base legal de los acuerdos. Ejemplo: por qué a un deudor le cobras una parte y no el todo, transgrediendo el principio de solidaridad.

DATOS

- Walter Gutiérrez Camacho es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con diplomado y especialización en Derechos Humanos en la Academia de Derechos Humanos de la American University Washington College of Law y el Netherlands Institute of Human Rights.

- Ha sido presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para los comicios generales de 2016 y municipales del año 2014.

- Fue decano del Colegio de Abogados de Lima en los periodos 2008 y 2009. Presidió la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú.