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Zoraida Ávalos evaluará pronunciamiento ante críticas de Vizcarra por prisión preventiva
Fiscal de la Nación sostuvo que está evaluando “qué comunicado vamos a dar” ante observaciones realizadas desde el Tribunal Constitucional, Defensoría y Gobierno.
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La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, evitó esta tarde dar un pronunciamiento sobre los pedidos y observaciones que reciben los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, respecto a las medidas de prisiones preventivas solicitadas contra investigados en el caso Odebrecht.
“Les rogaría que el día de hoy nos centremos en este tema de la Comisión Especial (de la JNJ), solamente para no quedar como malcriada. Ese es un tema que, en todo caso, lo vamos a evaluar. Es todo lo que voy a decir”, señaló.
Ávalos se manifestó así durante la conferencia de prensa de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, la que integra junto a los titulares de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutíerrez; Contraloría, Nelson Shack; Poder Judicial, José Lecaros; Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, y los rectores de la Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad de Piura, Jorge Alva y Antonio Abruña, respectivamente.
La fiscal de la Nación reiteró en otro momento, ante la insistencia de los medios, que “al respecto, vamos a evaluar qué comunicado vamos a dar, no he dado ningún respaldo ni no respaldo, sino que creo que este no era el momento, permítanme que evaluemos esto”.
El presidente Martín Vizcarra pidió en la víspera al Ministerio Público y Poder Judicial reflexionar sobre las medidas de prisión preventivas dictadas, como en el caso del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Blume, titular del TC, también se pronunció ayer en esta línea y consideró que el Congreso debería “revisar la normativa” de la medida judicial en cuestión. "Hay un uso excesivo y en algunos caso hasta abusivo de esta figura. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo a Canal N.
El defensor Walter Gutiérrez, por su parte, manifestó en una entrevista concedida a El Comercio que las detenciones preliminares y prisiones preventivas deben evaluarse sobre una fundamentación robusta de pruebas. “La motivación, en el caso de un anciano, tiene que ser mayor”, apuntó.
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