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Maltrato animal: entre 3 a 5 años de cárcel para agresores y asesinos, según la Ley 30407
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Janet Barboza denunció hoy que encontró a sus mascota sin vida y con signos de haber sido envenenada. El hecho nos recuerda que hay una ley para sancionar a las personas que cometen este delito.
“No era solo una mascota, era parte de mi familia, y esto es lo que pasas cuando envenenas a un perro... Envenenas el corazón de una familia. La tristeza de mi hija no tiene nombre”, dijo la conductora de ‘Válgame’, quien ha dicho que no parará hasta dar con la identidad de quien atacó a su querido can.
El culpable de un hecho así será procesado bajo lo estipulado en la Ley 30407, también conocida como Ley de Protección y Bienestar Animal, promulgada el 9 de enero del 2016.
¿Qué dice el documento?
“Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera que sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte”, se lee en el documento.
La ley señala que toda persona que posee una animal como mascota o, en todo caso, está a cargo de uno, tiene totalmente prohibido lo siguiente: abandonarlo en la vía pública, usarlo para espectáculo o entretenimiento público o privado, comercializarlo, y, claro está. atentar contra su vida.
Cabe resaltar que lo señalado no abarca las corridas de toro y tampoco las peleas de gallos.
Según el abogado Juan Barrantes Serrano, “de no cumplir con ello, la persona podría recibir la pena privativa de la libertad que oscila entre los 3 a 5 años, dependiendo del estado del animalito. También, como medida complementaria, puede recibir una amonestación económica".
Todo aquel que ataque cruelmente a un animal o lo deje abandonado -ya sea en la vía pública o sin brindarle la atención requerida, podría pasar hasta 150 días recluido. Además, es considerada una persona inhabilitada para tener animales.
La policía debe atenderte
El documento también estipula que la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y los gobiernos locales están en la obligación de prestar atención a todo persona -natural o jurídica- que eleve su voz por lo ocurrido.
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