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"El Estado no tiene la capacidad para prevenir las crisis"

“Llevo un año y dos meses en el cargo, pero de manera interina. Para mí, como funcionario público de carrera, es un orgullo”, nos dice Eduardo Vega.

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Fecha Actualización
Eduardo Vega,Defensor del PuebloAutor: Gonzalo Pajares.gpajares@peru21.com

Lleva 15 años trabajando en la Defensoría del Pueblo. Hace 14 meses asumió, interinamente, el cargo de defensor del Pueblo. Desde allí, Eduardo Vega se encarga de recoger el reclamo de los ciudadanos ante la ineficiencia de nuestro Estado. Su tarea no es poca.

¿Cómo es enfrentarse al Estado desde el Estado?Muchos no entienden a nuestra institución pues nuestra tarea es de colaboración crítica: decimos qué falla en el Estado. El día que seamos cómodos para el funcionario público tendremos que preocuparnos. Significará que no estamos haciendo bien nuestro trabajo.

Reportan mes a mes la existencia de conflictos sociales. Sin embargo, los conflictos explotan. ¿Es tan ineficiente el Estado que, advertido, no actúa?Desde el 2005, la Defensoría reporta estos conflictos. En 2005 teníamos 64; hoy, 243. Esto tiene que ver con el crecimiento económico del país. La inversión genera expectativas en la población, que quiere beneficiarse de estos ingresos. El Perú ha crecido económicamente, pero hay comunidades que no han visto estos beneficios. Cuando reportamos un conflicto, hay sectores del Estado que no hacen bien su trabajo pues su eficiencia no ha crecido al ritmo de la inversión privada y de las demandas ciudadanas. El Estado peruano sigue siendo pequeño porque no está diseñado para prevenir las crisis, los conflictos sociales, su capacidad es muy débil. El premier lo dijo hace poco: "Al Estado le faltan técnicos para prevenir los conflictos". Nosotros comprobamos esto día a día.

Cada vez que hay un conflicto se establece una mesa de diálogo. ¿Esta funciona?Lamentablemente, las mesas de diálogo se instalan después de las muertes, después de estallado el conflicto. Además, por los extremistas de ambos lados, muchas veces se les utiliza como un medio para ganar tiempo, para dar la impresión de que se quiere solucionar el conflicto, cuando, en realidad, la voluntad es azuzarlo. Esto es un error porque así se desprestigia una herramienta que puede ser muy efectiva. A quienes se sienten en estas mesas hay que dotarlos de un real poder de decisión, que lo que firmen se cumpla.

¿Quién fue el intransigente en Espinar?Allí no hubo diálogo, no hubo comunicación con la ciudadanía. La responsabilidad recae en la minera, en las autoridades, en los dirigentes sociales.

¿Está bien detenido el alcalde de Espinar?En términos jurídicos, quizás haya razones para que sea detenido. Pero, si aún se quiere dialogar, esta medida afectará esa iniciativa. ¿Debió ser trasladado a Ica? La ley lo permite.

Lo sospechoso acá es la 'eficiencia', la rapidez con la que se ha hecho todo. ¿Podemos decir que el Poder Judicial y la Fiscalía no obedecen a la voluntad política del Ejecutivo?Difícil pregunta. En el Perú debe fortalecerse la autonomía del Poder Judicial. Quiero pensar que es así, que es un poder autónomo.

Pero, en el caso de la editora de Economía de Perú21, el propio Estado cometió –y sus instancias policiales y judiciales– muchas irregularidades…En el caso de Perú21 se cometieron muchas irregularidades, problemas de interpretación de las normas. Situaciones así demuestran que estamos lejos de que la Fiscalía y el Poder Judicial sean los garantes de los derechos ciudadanos.

En Cajamarca, ¿quiénes son los intransigentes?Después del informe de los peritos de Conga, el presidente Humala presentó una alternativa, una salida. Es decir, está en manos de los dirigentes, de las autoridades y de la minera encontrar una solución que armonice la inversión con las expectativas ciudadanas y con el respeto al medio ambiente. Sin embargo, se quiere ir a un diálogo pero con posturas cerradas. ¡Qué diálogo se va a establecer así!

Si no hay voluntad de diálogo y sí mucha ineficacia, qué nos espera. ¿Acaso un país convertido en polvorín?Yo quisiera ser optimista porque sé que, a pesar de la conflictividad social, las inversiones –aunque disminuidas– seguirán llegando. Los conflictos no se resolverán de la noche a la mañana, pero desde el Estado debemos hacer un esfuerzo por construir un país armónico. Debemos refundarlo para que, en el mediano plazo, el ciudadano le tome confianza. Se debe trabajar en cuatro aspectos: 1) Convencer al ciudadano de que las inversiones no causan un daño medioambiental. Para eso, los estudios de impacto ambiental deben ser serios, confiables, financiados y fiscalizados por el Estado. 2) Preparar al Estado para que sus funcionarios sean eficientes y puedan solucionar a tiempo los conflictos sociales. 3) Necesitamos hacer un reordenamiento territorial, una zonificación ecológica, saber qué se puede hacer y qué no en cada espacio de nuestro territorio. 4) La ley de consulta previa debe ser eficiente pues la mayoría de los proyectos mineros se desarrollan en las zonas rurales.

AUTOFICHA

- Nací en el Callao. Viví hasta cumplir 40 años en Carmen de la Legua, ahora vivo en Bellavista. Calle tengo. Estudié en el Salesiano del Callao, y Derecho en San Marcos.

- Soy funcionario de carrera. Llevo 15 años en la Defensoría del Pueblo. Trabajé con Jorge Santistevan de Noriega y con el padre Hubert Lanssiers.

- Estoy casado, tengo dos hijos. Conozco todo el Perú y no me considero un abogado típico: mis intereses son diversos. Soy católico. He trabajado con la Iglesia y en el IDL.