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“La Cena en Las Brujas de Cachiche”
El oficialismo buscaba archivar el caso y nunca planteó la modificación del proyecto de informe que acusaba al congresista Chehade.
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Víctor A. García Belaúnde,Uso de la palabraPor circunstancias que desconozco, el presidente del Congreso y la vocera de mi bancada me pidieron, en setiembre pasado, que presidiera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Desconocía que existían más de 50 causas pendientes del Congreso anterior y que, luego, aparecería la denuncia constitucional en contra del vicepresidente y parlamentario Omar Chehade.
En octubre, el congresista aludido invitó a una cena en un selecto restaurante de Lima a su hermano, a un amigo y a tres generales de la PNP para abordar diversos temas de su interés. A los pocos días, uno de los generales invitados fue pasado a retiro. Este, en rechazo, denuncia el interés del segundo vicepresidente respecto a un litigio judicial vinculado al Grupo Wong y a la empresa Andahuasi.
Estos hechos produjeron un escándalo de gran magnitud que desencadenó una denuncia constitucional. Se le acusaba de la presunta comisión de cuatro delitos –cohecho, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y falsedad genérica– y de infracción constitucional.
Como presidente, propuse a la Subcomisión, con el apoyo de todos los integrantes, que se priorizara la denuncia, la misma que se calificó y se procedió a la investigación.
El 16 de noviembre pasado designé a Marisol Pérez Tello, con el respaldo de todos los miembros de la Subcomisión, como ponente para que elaborara un "informe sobre determinación de hechos y la pertinencia de las pruebas", así como también el proyecto de Informe Final. El trabajo de la parlamentaria fue encomiable, encaró la tarea con responsabilidad y solvencia profesional.
La investigación, de principio a fin, se llevó a cabo bajo las reglas del debido proceso; fue impecable gracias al trabajo de todos los integrantes de la Subcomisión. A la fecha, esta subcomisión ha archivado 31 denuncias, hay nueve para audiencia e informe final y dos por investigar.
Luego impulsamos la modificación del Reglamento del Congreso para que no se exigiera la asistencia del total de los miembros en las audiencias de investigación, sino la mitad más uno del número de integrantes. Este cambio ayudó a la celeridad del proceso. Luego de entregado el informe de pruebas por la ponente, tres días después se inició la audiencia que, por su complejidad, se desarrolló en cuatro fechas.
A la audiencia asistieron los tres generales de la PNP, testigos e incluso se trajo del interior del país al suboficial de guardia en El Potao, Jorge Ramos. También asistieron Erasmo Wong y el gerente de Andahuasi.
Fue importante e ilustrativa la presencia del presidente del Poder Judicial, César San Martín, y del jefe de la OCMA, Enrique Mendoza. Ambos explicaron la "telaraña de procesos vinculados al caso Andahuasi". Lo lamentable fue la inasistencia de los testigos, del hermano del vicepresidente y de su amigo. Considero que su renuencia a testificar debilitó en parte la defensa del acusado.El 7 de diciembre, luego de un arduo debate, se aprobó el informe acusatorio. El oficialismo buscaba archivar el caso y nunca planteó la modificación del proyecto de informe que acusaba al congresista constitucional Chehade por patrocinio ilegal e infracción constitucional, proponiendo la sanción de destitución e inhabilitación por cinco años.
En cuanto al fondo, debo señalar que era un caso controvertido y complejo. El informe final recurrió al uso de la prueba indiciaria. Existían evidencias que indicaban que había sucedido algo irregular, inusual, comprometedor. El propio acusado admitió su responsabilidad política.
En la Comisión Permanente, el debate fue largo y tedioso, con un nuevo hecho: el vicepresidente había presentado su carta de renuncia. Por lo tanto, alguno de los argumentos del informe podían quedar sin piso si se aceptaba la renuncia. Sin embargo, no se trató la renuncia ni sus consecuencias. Producida la votación –13 votos contra 12–, archivaron la acusación y, con ello, la posibilidad de aclarar el caso en sede judicial.
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