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Congreso evade controles
Consejo Directivo deberá anular contratos de coordinadores y Módulo Perú, afirma Velásquez.
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Amparándose en una mal entendida autonomía presupuestal, la Mesa Directiva del Congreso –que preside Daniel Abugattás– ha decidido excluirse de los alcances de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que garantiza la transparencia en las compras y contrataciones públicas, denunció ayer a Perú21 el legislador Javier Velásquez Quesquén.
Explicó que esa decisión figura en el Acuerdo de Mesa Directiva Nº 184-2011, del 15 de febrero, y que, gracias al mismo Abugattás, ha aprobado una serie de medidas cuestionables, como la contratación de gestores que han sido reemplazados ahora por los "coordinadores parlamentarios", la compra de equipos para el canal del Congreso por US$80 mil y la implementación del programa Módulo Perú.
"Todas estas medidas deberán ser analizadas por el próximo Consejo Directivo porque la Mesa no tiene facultad para autorizar estas cosas. En tal sentido, Víctor Isla, quien pretende conducir el Parlamento, debe decir si avala estas irregularidades porque eso representaría el continuismo de la gestión Abugattás", puntualizó.
FARRA SALARIALEn tanto, a través de una carta notarial, el Sindicato de Trabajadores del Congreso defendió las "reivindicaciones laborales" aprobadas por Abugattás y traducidas en el pago de gratificaciones y en incrementos en los bonos por movilidad y refrigerio, entre otros.
Sin embargo, cabe precisar que esta negociación colectiva vulnera la Ley de Presupuesto 2012, que prohíbe el aumento de bonificaciones, incentivos y beneficios de toda índole en el aparato estatal, incluido el Parlamento de la República.
Además, es necesario indicar que los trabajadores del Poder Legislativo ya son favorecidos con recategorizaciones, que son una forma encubierta de incrementar sus remuneraciones.
TENGA EN CUENTA
- El artículo 3 inciso j) de la Ley de Contrataciones precisa que esta norma es aplicable a todos los poderes del Estado, incluido el Legislativo.
- En los quinquenios anteriores, el Parlamento siempre aplicó la Ley de Contrataciones y Adquisiciones en las compras de bienes.
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