Se corre el riesgo de duplicar la burocracia en el Estado

PELIGRO. Unos 180 mil trabajadores del régimen CAS engrosarían de inmediato la planilla del Gobierno Central, de regiones y municipios. El Congreso postergó ayer el debate que plantea derogar la modalidad laboral.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

21/08/2019 - 16:33

El Pleno del Congreso no debatió anoche el proyecto de ley que propone la derogación del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), que abriría las puertas para que más de 180,000 trabajadores bajo esta modalidad laboral ingresen, de inmediato, a engrosar la planilla del Estado.

El tercer vicepresidente del Parlamento, Michael Urtecho, sostuvo que el dictamen "requería de varias horas de debate", por lo que se decidió postergar su discusión.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo, Julio Gagó, lamentó que la Mesa Directiva no le haya dado prioridad al proyecto, y dijo que aprovecharán la presencia del gabinete (hoy en el Pleno) para pedir explicaciones. "La propuesta del Ejecutivo (para una eliminación gradual del CAS) se contradice con lo dictaminado por la comisión", manifestó.

MÁS BUROCRACIALa derogación inmediata del régimen CAS llevaría a que la burocracia en el Estado prácticamente se duplique. Solo en el Gobierno Central y en los gobiernos regionales hay alrededor de 140,000 servidores administrativos en planilla. En una modalidad especial están los CAS, otros 120,000 empleados que entrarían a los escritorios del Estado.

Ya lo había advertido el ministro de Trabajo, José Villena: "Si el Congreso me demuestra que ese grupo de trabajadores que entrará a planilla mejorará el servicio de atención al ciudadano, habremos dado el primer paso".

El abogado laboralista Jorge Toyama se mostró a favor del proyecto del Ejecutivo para eliminar el CAS gradualmente a partir del año 2013. "Es un esquema laboral que nunca debió crearse. La mejor forma de corregir esto es progresivamente, por concursos públicos y con un cronograma. A mí me parece lo más razonable", aseveró.

"Pero, ojo, no soy partidario de que todos los CAS pasen a ser contratados directamente por el Estado", comentó.

En ese caso, explicó Toyama, lo recomendable es realizar una serie de evaluaciones "y solo quedará, de acuerdo con sus conocimientos y actitudes, el 50% o un poco más de los 180 mil trabajadores que están bajo este régimen en la actualidad".

En efecto, la iniciativa del Gobierno plantea que se hagan concursos públicos para que los CAS y personal de otros regímenes laborales entren a una nueva modalidad laboral: el Régimen de Servicio Civil, que se implementará el próximo año y que tendrá como base el mérito y la capacidad. Aquí, según la propuesta, el tiempo de servicio de los CAS será un 'plus' para su evaluación.

MAYOR GASTOPor su lado, Jaime Cuzquén, abogado laboralista del Estudio Echecopar, opinó que realizar un cambio del esquema de manera drástica podría afectar el presupuesto de la mayoría de entidades del Estado.

"Entonces, no sería lo más adecuado y prudente desaparecer el CAS de un porrazo, sino de manera progresiva, teniendo en cuenta las implicancias que pueda generar este año la crisis mundial", indicó el especialista.

El ministro de Trabajo ha adelantado que si se aprueba la derogación inmediata, el costo fiscal para el Estado superaría los S/.800 millones al año, que no están presupuestados.

En cambio, el Poder Ejecutivo ofrece entregar beneficios laborales –como vacaciones y gratificaciones– a los servidores del CAS este mismo año si se da luz verde a su proyecto de ley, que podría verse la próxima semana.

SABÍA QUE

- La Defensoría del Pueblo está a favor de dar beneficios laborales a los trabajadores CAS, pero señaló que la propuesta del Congreso se aleja de la reforma del empleo público.

- El régimen CAS fue creado en el año 2008 para tratar de ordenar el uso indiscriminado de los contratos de servicios no personales en el sector público.

- La Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que el régimen CAS facilita incorporar personas sin el rigor de un concurso público. "El acceso debe ser en base al mérito y a la capacidad", subrayó.

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