Promulgan reglamento sobre consulta previa

El esperado Reglamento de la Ley N° 29785, de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, fue publicado ayer por el Ejecutivo y será aplicado por los gobiernos regionales y locales que tengan procesos de consulta a su cargo sobre proyectos extractivos de recursos naturales.

La norma prevé que no serán vinculantes los resultados que se obtengan de las consultas, salvo en los casos en que haya acuerdo entre las partes.

Según el documento, de 30 artículos y 16 disposiciones transitorias, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Señala, además, que los gobiernos regionales y locales "solo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, respecto de las medidas que puedan aprobar conforme a las competencias otorgadas en las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades".

El referido viceministerio ejercerá la rectoría en las etapas del proceso, mientras que a los gobiernos regionales les corresponderá la decisión final sobre la medida.

INCONSTITUCIONALSin embargo, las organizaciones indígenas integrantes de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) expresaron su desacuerdo con el Reglamento y la Ley N° 29785, de Consulta Previa, contra la cual plantearán una demanda de inconstitucionalidad.

"Solicitamos con anterioridad la modificatoria de la Ley de Consulta Previa porque tiene vacíos que se deben perfeccionar. El Gobierno no ha hecho caso al clamor de los pueblos originarios", manifestó a Perú21 Henderson Rengifo, directivo nacional de Aidesep.

El dirigente sostuvo también que la norma en mención no se ajusta al espíritu de las normas establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

TENGA EN CUENTA

- El presidente Ollanta Humala* destacó, desde el Cusco, que el reglamento promulgado es para "trabajar en paz y mejorar el clima social".

- El reglamento establece que las consultas deben realizarse a través de los representantes de las comunidades indígenas.