En un país asolado por la delincuencia termina siendo posible que un delincuente —después de sufrir un accidente en moto— ingrese a un hospital público para ser atendido con dos granadas en los bolsillos de su pantalón. La tarde del viernes en el nosocomio Hipólito Unanue, Leiser Manuel de Santiago, venezolano de nacimiento, sacó de su interior los explosivos antes de echarse en la camilla. Por supuesto que, al ver esto, los enfermeros, los médicos y otros pacientes que esperaban en la sala de emergencias del nosocomio solo atinaron a abandonar el recinto y dejar como paciente único a Leiser Manuel de Santiago y sus granadas de guerra que, en su plan delincuencial, las usaría después para chantajear a su siguiente víctima, presuntamente cliente de un ilegal préstamo gota a gota o un comerciante al que le pide cupos.
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Que no estemos seguros ni en un centro médico solo refleja la cruda realidad de un país acorralado por la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Pero lo que pasó ese viernes en el Unanue solo es un pantallazo o una fotografía más de lo que día a día comerciantes, transportistas, constructores y emprendedores experimentan cuando salen a trabajar. Todos ellos tienen que pagar cupos diarios, quincenales o mensuales a bandas de extorsionadores mientras el Gobierno brilla por su falta de autoridad.
“La ciudad está en calma”, dice el premier Gustavo Adrianzén, pero ¿qué dirá una señora del mercado Huamantanga?, ¿qué dirá el chófer del Anconero o el cajero de una galería de Gamarra? Frente a un Gobierno ausente, en los últimos tres días, Lima y Callao principalmente han sido testigos de un paro de 48 horas organizado por diferentes sectores de la sociedad que piden a gritos ser protegidos por un Estado que les ha dado la espalda.
TASA DE HOMICIDIOS
Datos de inteligencia policial indican que, a julio de 2024, siete distritos ya superaron la tasa de homicidios de 10 víctimas por cada 100,000 habitantes. Estos son Pachacámac (29.89), San Juan de Lurigancho (12.53), San Juan de Miraflores, (12.20), Santa Anita (11.75), Villa María del Triunfo (11.25), Ate (10.60) y Cercado de Lima (10.51).
Esto significaría, según el informe al que accedió Perú21, que Lima estaría atravesando por una “epidemia de homicidios” relacionada con asesinatos y sicariatos a cargo de bandas y organizaciones criminales.
El criminólogo Nicolas Zevallos refiere que Lima estaría afrontando una grave crisis de homicidios si estas estadísticas llegan a ser oficializadas por las entidades públicas correspondientes. Zevallos, quien fue viceministro del Ministerio del Interior, también sostuvo que el segundo indicador para entender el fenómeno de violencia en el país es la tasa de victimización; es decir, el porcentaje de personas que dicen haber sido víctimas de un hecho delictivo dentro de un periodo determinado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que entre enero y agosto de este año, un 27.4% de la población urbana de 15 años fue víctima de un hecho delictivo, 4.7 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2022.
TRANSPORTISTAS Y BODEGUEROS
Perú21 recogió datos de diferentes gremios y asociaciones de transportistas, comerciantes y bodegueros para visibilizar la repercusión del crimen en sus negocios (ver infografía).
Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que agrupa a 53 empresas de transporte, cerca del 50% de compañías en Lima y Callao son extorsionadas y pueden pagar cupos de hasta S/30,000 al mes.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bodegueros, Andrés Choy, explicó a este diario que alrededor de 2,600 bodegas tuvieron que cerrar en 2023 debido a la extorsión. También informó que cerca de 9,800 bodegueros vienen siendo extorsionados en lo que va del año.
Otro sector, quizás menos visible, pero igual de importante para el transporte de miles de peruanos, son los mototaxistas, que también estuvieron presentes en las recientes manifestaciones. (Ver video recomendado)
“Señora presidenta, ministros y congresistas: Todo el pueblo peruano exige basta ya de tanta delincuencia y sicariato, que no tienen corazón, que no tienen sangre. Nos matan como animales y nuestra vida no vale nada. Nos matan por un celular o por unas cuantas monedas”, se lee en la carta abierta al Gobierno que llevó Luis Pérez, un mototaxista de San Juan de Lurigancho, en el primer día de las protestas.
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