Bombas de Tiempo: la granada robada del Ejército que mató a un policía

La situación de Ecuador y el armamento que poseen los grupos terroristas en ese país han hecho que otra vez los ojos de la opinión pública estén sobre los cuarteles de nuestro país. ¿Qué tan fácil es que una granada o una munición de nuestras Fuerzas Armadas termine en manos de delincuentes?

Afirmar que el Ejército del Perú tiene, en diversos puntos del país, precarias instalaciones y suboficiales dispuestos a la traición no es faltar a la verdad. En febrero del año pasado, fue el mismo Tribunal Supremo Militar Policial el que estableció que el suboficial Adolfo Castellano —a quien hace ocho años todo el país vio en vivo y en directo volar por los aires después de que una granada dejada al frente de un colegio explotara— murió a causa de una BRM 75 de fabricación soviética robada de las instalaciones del Centro de Municiones del Ejército (CEMUNE), ubicado en la zona Cruz de Hueso en San Bartolo.

La investigación que acabó el año pasado —tanto en el fuero común como en el fuero militar— concluyó que desde 2015 se robaron 786 granadas de guerra y 104,750 cartuchos calibre 9x19 mm de dicho polvorín. Lo grave fue que estas granadas y municiones comenzaron a comercializarse en el mercado negro y muchas de ellas terminaron, increíblemente, en Las Malvinas, zona conocida por, entre otras cosas, su comercio ilegal. El monto total de lo robado al Ejército en solo un año ascendió, según la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a 134 mil 368 soles. Pero, claro, el costo en el mercado negro se triplicó.

El 7 septiembre de 2015, la Subunidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) recibió una alerta sobre dos granadas de guerra que aparecieron en el frontis de un colegio en el distrito de Villa El Salvador. El primer artefacto estalló en la tolva de un vehículo estacionado. Para el segundo, el suboficial Adolfo Castellano fue el encargado de iniciar el protocolo de desactivación. Sin embargo, cuando realizaba la neutralización, la granada le explotó en la cara. Castellano falleció horas después, dejó viuda y dos hijos, y enlutó a toda la Policía. Esas granadas que sirvieron para la extorsión y para acabar con la vida de un suboficial fueron sustraídas sistemáticamente del Ejército.

No se necesitó una estrategia complicada para que el almacenero de la Compañía de Mantenimiento y Transporte del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) se adueñe de tremendo arsenal. Como consta en la resolución del Tribunal Militar, solo necesitó falsificar firmas de sus superiores para que en las actas de entrega figuren números distintos. Es decir, en un acta constaba que se entregan 320 granadas provenientes del CEMUNE de Cruz de Hueso, cuando en realidad solo eran distribuidas 80, y así sucesivamente hasta acumular 786 granadas de mano BRM 75 que terminaron en manos de delincuentes.

En marzo de 2019, un colegiado de Lima Sur condenó a Paddy Llimpe Correa, entonces técnico de tercera del Ejército y encargado del almacén del COEDE, increíblemente solo por falsificación de documentos a diez años de cárcel.

Las 786 granadas y los más de 104 mil cartuchos nunca fueron recuperados por el Estado. Probablemente algunos de estos artefactos fueron a parar a las bandas ecuatorianas que ahora azotan a dicho país.

En 2019 terminó el proceso que se le seguía al comandante Rudy Garibay, quien fue enviado al retiro después de conocerse que del Batallón de Material de Guerra 115 de Iquitos se robaron 18 fusiles Galil una noche de Año Nuevo.

Pero, más allá de las sanciones y de que, una vez más, los 18 fusiles de asalto Galil no fueron recuperados, aquí importa lo que se denunció en este proceso y que demuestra la precariedad de los polvorines del Ejército en zonas de frontera.

Garibay entregó a la justicia militar más de cien pruebas que acreditan cómo era la situación de dicho almacén al momento del robo. El polvorín solo estaba cercado por alambre con púas, las cámaras de videovigilancia del 115 no funcionaban, la puerta del almacén tenía un candado viejo y, por eso, Garibay había pedido en reiteradas ocasiones la compra de un candado ruso para proteger el armamento que allí se guardaba.

Además, el comandante denunció que el entonces jefe de la Quinta Región Militar de Iquitos alquiló dos polvorines del 115 para uso de una empresa de extracción de minerales. En el documento al que tuvo acceso este diario, consta que, según denuncia de Garibay, la quinta región recibía 28 mil soles mensuales por dicho contrato. Sin embargo, este dinero no era usado para mejorar las instalaciones de los almacenes.

Dentro del proceso, los subalternos de Garibay ratificaron la versión del comandante. “Nada de esto hubiera pasado si hubieran hecho caso a Garibay y si las cámaras hubieran funcionado se sabría quién entró a robar”, declaró el suboficial Adrián Tello al Tribunal Supremo Militar.

Este diario confirmó que en 2023 el general David Ojeda, entonces mandamás del Ejército, encargó una auditoria a los polvorines. Las unidades administradoras de los almacenes reportaron que no se les había perdido nada. Desde entonces, la institución castrense ha dispuesto que cada especialista de Material de Guerra pase por el polígrafo para así extremar medidas de control.

Aunque, como refieren otras fuentes, en papeles todo está azul, pero la realidad puede ser otra y explotarnos en la cara en cualquier momento, como ya les explotó a los vecinos ecuatorianos.

Las actividades en las ciudades más importantes de Ecuador se mantienen con una relativa tranquilidad. Digo relativa porque se desarrollan operaciones de control en ciudades del país y esto no es un comportamiento habitual ni de la ciudadanía ni de las fuerzas del orden. Lo que se aprecia también es que un gran segmento ciudadano observa con buenos ojos el desempeño de las fuerzas del orden y los resultados que se están alcanzando. Y se han expresado inclusive en sectores que en periodos anteriores eran escépticos y opuestos a ciertas medidas como las que han tomado. Me refiero a la Asamblea Nacional.

Este es un problema que se ha visibilizado desde algunos años atrás. El contrabando de armas, municiones y explosivos desde la frontera sur del Ecuador proveniente de Perú es un problema que tiene ya alguna data. Hay evidencias acá sobre lo que estoy mencionando por las funciones que cumplí cuando estuve en servicio activo. Conocí de primera mano la existencia de redes consolidadas. Muchas personas que por alguna razón necesitaban conseguir armamento ya sabían adónde dirigirse. Era como un secreto no muy bien guardado.

Cuando uno habla de este problema, no puede desentenderse de lo difícil que resulta controlar la zona de frontera. El que quiere pasar por el paso legal y formal lo hace, pero la frontera común entre Ecuador y Perú es muy permeable, es sumamente porosa y quienes están realizando actividades ilícitas generalmente no utilizan los pasos formales. Lo hacen por una infinidad de pasos informales. Entre 2014 y 2016 eran como 36 pasos, después pasaron a ser más de 50. Es innumerable. Uno trata de controlar o se establece algún ejercicio de soberanía en la zona e inmediatamente es desbordado por otros lugares.

Además, la imaginación de los criminales hace que, a través del contrabando de hormiga, ingresen munición, partes y piezas de armamento que luego eran armados y tomaban la forma de armas que se utilizaban en actos ilegales en Colombia.

Cuando estuve en servicio activo, la mayor parte de estas armas pasaban por Ecuador y llegaban hasta los grupos irregulares armados colombianos. Ecuador era un punto de tránsito, pero las circunstancias actuales nos hacen ver que una parte importante de ese armamento era utilizado en las actividades ilícitas en nuestro país.

El problema tiene varias aristas, empezando por un asunto de legalidad y legitimidad. El Estado se ha ido debilitando en las zonas fronterizas. No es cuestión de más efectivos ni de más armamento o más equipo. Se requiere una inteligencia de calidad y la inteligencia de calidad no se hace exclusivamente en el límite internacional político. La inteligencia de calidad es el resultado de acciones tácticas y operativas hasta tener una visión estratégica de los problemas que afectan el control fronterizo y de los problemas que contribuyen al tráfico de armas.

Se trata de tener una visión compartida sobre el problema que existe. Este es un problema que va más allá de las dimensiones del control físico territorial de los espacios de nuestros países; debe ir acompañado de una voluntad que permita que las legislaciones de Perú y de Ecuador se parezcan.

En el 2017 el mercado de la droga era un mercado altamente concentrado. La droga que llegaba a Ecuador desde Colombia la controlaba esencialmente las FARC. La droga en Ecuador la controlaban Los Choneros y el vínculo en México de Los Choneros era el Cártel de Sinaloa.

Con la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, las FARC desaparecen como tal, pero quedan algunos remanentes. Y ocurre una fragmentación del narcotráfico. Esto coincide con la captura del Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa también se fragmenta en seis grupos. Y esto se replica en Ecuador con la fragmentación de los Choneros a los 22 grupos criminales que hoy conocemos.

En Ecuador el principal rival de los Choneros son los Lobos. Y en México, el gran rival del cártel de Sinaloa es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los Lobos son cercanos a este último cártel. El cálculo es que habría hasta 50 mil personas vinculadas a los carteles o los grupos de narcotráfico en Ecuador. Los Choneros y los Lobos en conjunto dan cuenta de 20 mil, equivalente al 40% del total o más.

En Ecuador, los Choneros y los Lobos están controlando los puertos principales. En el 2023 salieron 300 mil toneladas del puerto de Guayaquil. Solos e inspeccionó el 20%. Eso significa que el 80% no es inspeccionado. Ese es un problema que podríamos tener en el Perú cuando empiece a operar el puerto de Chancay.

Me indican gente de la Policía que los concesionarios están presionando para que no haya tantos mecanismos de seguridad por el temor a que el servicio se haga más costoso y lento. Chancay será más grande que los puertos ecuatorianos de Guayaquil, Manta y Esmeraldas.

El negocio del narcotráfico es similar al negocio inmobiliario. El lugar es fundamental para ambos. Es decir, mientras más adelante el grupo criminal está en la cadena logística que conecta los productores con el mercado de destino, mayor es su ganancia. Los grupos más pequeños, que no controlan los puertos por donde sale la droga, participan de una proporción relativamente menor de las rentas del narcotráfico. Entonces, empiezan a emplear otros medios de financiamiento como los secuestros, la extorsiones, la trata de personas, etc.

Las organizaciones criminales de origen ecuatoriano están operando ya en el Perú, especialmente en Piura, Tumbes y La Libertad. Los Choneros, desde mi punto de vista, es la organización más violenta y más peligrosa. Es la que trabaja al servicio del Cártel de Sinaloa, y precisamente con esa lógica es que ha ingresado al Perú.

Me temo que el objetivo es tomar el control de los puertos de Paita y del Callao. El puerto de Paita para el narcotráfico mexicano es absolutamente estratégico como lo es actualmente el puerto de Guayaquil en Ecuador. Actualmente, el puerto de Paita ya es un objetivo del Cártel de Sinaloa y ya se utiliza para el tráfico de cocaína.

Lo que está haciendo esta organización criminal es precisamente consolidar el concepto de control territorial como lo hacen en Ecuador.

Los Tiguerones están más ligados a la trata de personas y la extorsión. Está compitiendo en algunas zonas, y en otras, está complementándose o llegando a acuerdos con el Tren de Aragua. Por eso es que no hay expresiones de violencia entre organizaciones criminales.

El hecho de que no haya disputas territoriales entre Los Tiguerones y el Tren de Aragua significa que hay acuerdos entre organizaciones locales e internacionales. Pero la lógica del crimen organizado es utilizar la violencia para poder dominar el territorio y controlar los negocios. No hay un código de respetos de acuerdos, sino que es un tema de fuerza bruta.

Lo que no debe ocurrir con el puerto de Chancay son los errores que se cometieron en las concesiones del puerto de Callao y de los operadores del aeropuerto Jorge Chávez. El Estado peruano y sus instituciones no deben renunciar a la soberanía que tenemos de controlar territorialmente las operaciones portuarias, las directas e indirectas.