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La millonaria ruta de sangre y adicción del Tren de Aragua
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Cuando el empresario José Gabriel Silva fue secuestrado, en diciembre de 2022, mientras regresaba a su casa en bicicleta, sus captores exigieron a los familiares US$1 millón por su entrega. Pero el dinero era solo uno de sus requerimientos; la otra condición sorprendió a los parientes. Los delincuentes, que eran miembros del Tren de Aragua, demandaron también numerosos frascos de ketamina.
Silva no fue una víctima al azar. Es dueño de Química Silva y Bio Química Silva, dos distribuidoras de productos agrícolas y veterinarios.
Los secuestradores venezolanos lo habían estudiado y sabían que podían conseguir de él dos cosas: un fuerte ingreso económico y el componente químico para elaborar la droga conocida como Tusi, que tiene la apariencia de polvo rosa.
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Según el médico fármaco de Cedro, Alfonso Zavaleta, el Tusi es una mezcla de sustancias como el éxtasis, la cafeína y la ketamina. Indicó a Perú21 que sus efectos pueden generar depresión o excitación, dependiendo de las dosis que concentren cada uno de sus componentes.
La ketamina es un analgésico que se usa en humanos y animales. Aunque la diferencia está en su venta. Para personas, su compra está supeditada a receta médica, mientras que su adquisición para aplicarse en mascotas, ganado y cualquier otro tipo de animal no tiene restricción.
Para la delincuencia venezolana, el secuestro es una fuente de ingresos que financia otras actividades ilícitas. Una de ellas es el tráfico de drogas, más específicamente del Tusi.
Detrás de la ketamina
Entre los integrantes de la Dinastía Alayón, una de las sanguinarias facciones del Tren de Aragua que fue desbaratada la semana pasada en Lima, la Policía Nacional identificó a uno de ellos como el traficante de la ketamina. Su nombre es Héctor Luis Rivers Carrasco, alias ‘Rivers’.
De acuerdo con la PNP, este delincuente de 34 años acopia la droga medicinal para la elaboración del Tusi, que luego es transportado de forma ilegal a Chile.
Pero no es a lo único que ‘Rivers’ se dedica. Según el testigo protegido 19-2022, Luis Rivers fue uno de los secuestradores del empresario Jesús Alberto Acuña Giordano.
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Acuña desapareció el 19 de marzo de 2023. Sus captores pedían US$300 mil a cambio de entregarlo. La familia no aportó el dinero, y tres días después su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en las inmediaciones del Cuartel General del Ejército, en San Borja.
‘Rivers’, además, es hombre de confianza del cabecilla trasnacional Kevin Rodríguez Lucena, con quien fue intervenido por la Policía en 2022 cuando viajaban en auto hacia Asia, al sur de Lima.
¿Pero qué tan importante es la ketamina para esta locomotora del crimen? La venta del Tusi, sin duda, se ha convertido en uno de los ingresos económicos para la organización criminal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha logrado establecer una de las rutas que sigue el dinero para la compra de la medicina y que llega hasta laboratorios químicos europeos.
Usan el sistema bancario
Las transferencias bancarias no mienten. La UIF identificó a una ciudadana venezolana que recibía miles de dólares desde el extranjero y a nivel nacional.
La entidad alertó el inusual movimiento bancario, y las investigaciones realizadas por la Policía y la Fiscalía concluyeron que la finalidad fue la adquisición de la ketamina.
Lo que llamó la atención fue la cantidad de depósitos que entraban a su cuenta. Los montos oscilaban entre los US$1,000 y US$4,000, modalidad conocida como el ‘pitufeo’ para no levantar las sospechas de las autoridades.
Por ejemplo, entre el 23 de enero del 2021 y el 5 de mayo del 2022, se registraron 33 transferencias desde el exterior que sumaron US$45,931.
Entre el 21 de octubre del 2021 y el 23 de agosto del 2022, hubo 23 transferencias por US$33,295.
A nivel nacional, los montos que ingresaron a la cuenta de la investigada son mucho más elevados. Entre el 15 de enero de 2021 y el 22 de junio de 2022, se constataron 71 transferencias de dinero que ascendieron a US$299,729.
Del 6 de enero de 2021 al 18 de agosto del 2022, se registraron 490 transferencias que sumaron US$326,752.
Y del 11 de enero de 2021 al 25 de junio de 2022, hubo 129 depósitos en efectivo que en total alcanzaron US$172,261.
Todo ese dinero, según las indagaciones, provinieron de los delitos que cometen los delincuentes venezolanos: explotación sexual, trata de personas, secuestros y robos.
Pero lo más grave es que la ciudadana venezolana ha usado ese dinero para comprar los medicamentos. El informe de la UIF advirtió que esta hizo transferencias a cuentas de laboratorios químicos peruanos, lo que deja en evidencia el propósito mercantil, y, a la vez, el uso masivo del sistema bancario peruano para cometer sus fechorías.
Entre el 8 de junio y el 2 de noviembre de 2021, se hicieron 18 transferencias a un laboratorio por US$86,852.
Y entre el 3 de noviembre de 2021 y el 20 de agosto de 2022, se realizaron 75 transferencias a otro laboratorio por US$386,509. Es decir, el Tren de Aragua gastó en este lapso de tiempo casi un millón y medio de soles solo en la compra de ketamina.
Luego, ambas compañías hicieron transferencias a un laboratorio europeo por más de US$4 millones, entre el 16 de junio de 2021 y el 8 de setiembre de 2022. Así se configuró el lavado de activos.
En total, de acuerdo con la UIF, la investigada percibió US$922,177 y de ese monto derivó US$882,822 a distintas cuentas bancarias, incluidas las de otros delincuentes venezolanos que usan los fondos para financiar sus actos delictivos y así continuar con el ciclo del crimen.
En otras palabras, un solo integrante de la red criminal mueve cerca de un millón de dólares al año como si nada.
Así es el negocio que se sirve de la sangre y el terror, uno que se ha insertado en la vida diaria de los peruanos y que está lejos de ser erradicado.
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