Solo en el Perú es posible que un grupo de políticos que fue objeto de un allanamiento judicial después de una investigación conocida por todo el país como el caso ‘Los Niños’ ahora pretendan aprobar una ley que a todas luces es una venganza contra los agentes policiales que osaron intervenir sus viviendas para encontrar la verdad.
El último 11 de octubre el Ministerio de Economía le hizo saber a la Comisión de Defensa del Congreso, que preside Adriana Tudela, que la pretensión de mandar al retiro a dos generales con pensión de teniente general, 57 coroneles de la Policía con pensión de general y CTS completa es un despropósito presupuestal. Pero no solo eso. También se suman a la lista 147 comandantes, 78 mayores, 91 capitanes y 34 alféreces. Todos gozarían del ascenso extraordinario en su pensión sin mayor razón que un pase al retiro excepcional con el pretexto de una supuesta restructuración policial.
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Todo se inició en agosto, con una declaración del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante los generales en la III Reunión del Comando PNP (Recopol). “Se ha iniciado la revisión (extraordinaria) de los legajos de los alféreces hasta generales para determinar la idoneidad de los que deben seguir formando parte de la institución policial”, dijo el ministro ante los oficiales.
La Policía Nacional tiene tres eventos importantes a fin de año, según el Decreto Legislativo 1267 de la PNP: las bajas, los ascensos y los cambios de colocación. Los pases al retiro extraordinarios no están regulados bajo la ley policial, por lo que, para ejecutar esta poda anómala, Interior necesitaba una ley que la respalde.
Desde hace poco más de un mes, con un proyecto de ley presentado el 13 de septiembre que lleva por nombre ‘Ley que fortalece la estructura organizacional de la Policía Nacional del Perú’, se busca pasar al retiro de ‘forma única y excepcional’ a cientos de oficiales.
Este documento se redactó a iniciativa del legislador de Acción Popular Elvis Vergara y tiene el respaldo de Ilich López, Wilson Soto, Carlos Alva, Luis Aragón, Hilda Portero, Silvia Monteza, Pedro Martínez y Juan Mori.
Pero qué pasó con Vergara en 2022. El primer megaoperativo en la investigación a ‘Los Niños’ —por haber sido mesa de partes del gobierno de Pedro Castillo a cambio de favores gubernamentales— organizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y con el respaldo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) lo tuvo como protagonista de un allanamiento. También fue objeto de cateo Ilich López y Juan Mori. ¿Esta ley que se trama, entonces, no es una venganza?
En segundo megaoperativo contra ‘Los Niños’, en donde otra vez Eficcop y la Diviac entraron a las casas y oficinas de los legisladores, fue en marzo de 2023. Esta vez los inspeccionados fueron Wilson Soto, Carlos Alva, Luis Aragón, Hilda Portero, Silvia Monteza y Pedro Martínez. Es decir, la totalidad de otorongos firmantes de la supuesta ley que fortalece la estructura de la Policía Nacional estuvieron en la mira de los agentes de la Diviac. ¿Hoy los quieren ver en la calle?
Desde la Policía, señalan que “la (baja) extraordinaria es un abuso, le tirarán el dedo a oficiales, yo quiero que le den de baja a este, a este”; así lo dice una fuente de alto nivel en la PNP. Y no le falta razón, pues una de las indicaciones de Santiváñez durante la Recopol fue “que quede claro que uno de los criterios es el cumplimiento de las disposiciones que mi gestión ha dispuesto y que tienen que cumplirse a cabalidad”.
Llama la atención que el 11 de septiembre, dos días antes de que ‘Los Niños’ presenten el texto, Juan José Santiváñez, animador de los pases al retiro de carácter extraordinario, se haya reunido con la bancada de Acción Popular en el Palacio Legislativo.
“El procedimiento busca que se asegure la estructura piramidal de la organización”, señala el documento. Esta frase solo sirve para encubrir la verdadera intención de los firmantes: la venganza. Por lo menos una decena de agentes de la Diviac tienen en estos momentos procesos disciplinarios abiertos por diferentes razones de caracter administrativo. Una sola sanción los haría merecedores de la baja. ¿Por qué el afán de sacar de la institución a cientos de oficiales en un contexto en donde precisamente se necesitan recursos humanos especializados para luchar contra la delincuencia de una forma estratégica?
DESPILFARRO
El proyecto de ley trae dos disposiciones que han llamado la atención del Ministerio de Economía (MEF). En el punto 7.5 se señala que el pase al retiro “concede a los oficiales la pensión y los beneficios económicos del grado inmediato superior por excepcional y única vez”. En el punto 7.4 se habla del pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) que un contexto normal de pases al retiro no tendría por qué llamar la atención, sin embargo, el pase al retiro masivo de los oficiales de la PNP que aún tienen proyección en años de servicio “generaría que la entrega de la CTS ocasione un gasto imprevisto en el Estado”, advierte el MEF.
El ministerio ha calculado que el costo para pagar la CTS a los 409 oficiales que pasarían al retiro con esta ley con nombre propio sería de 50’458,180 soles.
El Decreto Legislativo 1267 establece que un oficial puede ser pasado al retiro y percibir como pensión el sueldo de un grado superior si este se ha presentado al examen de ascensos o si aún tiene años de servicio para hacerlo. Sin embargo, esta iniciativa busca otorgar a todos los que sean pasados al retiro la pensión y los beneficios del grado inmediato superior. El MEF señala que “la propuesta normativa de otorgar un grado inmediato superior a los oficiales que pasen a la situación de retiro, desnaturaliza la esencia de la ley que regula los procesos de ascensos del personal de la PNP”.
El asesor de Elvis Vergara, Leo Jerí, le dijo a Perú21 que el parlamentario estaba ocupado y no podía responder ninguna de las preguntas enviadas por este diario.
Perú21 también intentó comunicarse con la congresista Adriana Tudela a través de su encargado de prensa. No obstante, no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta edición.
TENGA EN CUENTA
- Si la ley entra en vigencia el que presidirá una comisión especial para evaluar a los oficiales sería el general Oscar Arriola.
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Este oficial, actual Jefe del Estado Mayor de la PNP, debe solicitar, según la iniciativa de ‘Los Niños’, todos los antecedentes al Poder Judicial, Ministerio Público, Procuradurías, Inspectorías, y otras oficinas, hasta encontrar alguna mancha en los legajos.
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